En una nueva muestra de incoherencia y vocación por el doble discurso, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se retractó de anteriores declaraciones suyas en las que había criticado de manera dura e indiscriminada a la Policía Federal. Dijo de esa fuerza, entre otras cosas, que era un nido de corrupción y el principal problema que enfrenta el país en materia de seguridad.
Ante un grupo de militantes kirchneristas, la funcionaria había afirmado que cuando se dice que esa comisaría “recauda bien”, quiere decir que extorsiona a los comerciantes a los que se les pide dinero a cambio de protección, a los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla o a los traficantes de droga para permitir su accionar sin control alguno.
En forma inmediata, Garré fue denunciada por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto encubrimiento, por no haberse presentado ante un juzgado con las pruebas sobre el caso. En el Gobierno las acusaciones causaron malestar, ya que de algún modo la gestión kirchnerista desde 2003 en adelante aparecía como responsable por no haber tomado las medidas necesarias.
No se trata de negar la corrupción policial, cuya existencia fue probada en muchos casos en los que hubo denuncias, investigaciones, sanciones, cesantías y hasta condenas judiciales. Pero no se puede juzgar a toda una institución por hechos individuales, aunque estos hayan sido numerosos. En las últimas horas, Garré volvió sobre el tema, pero ahora dirigió sus críticas a “algunos comisarios”, con lo cual –al no identificar con precisión a los responsables– insiste en colocar bajo sospecha a todos los cuadros.
Por otra parte, sobre la corrupción policial, conviene precisar que no se trata de un Gobierno que recién asume, sino de una gestión que lleva ocho años de ejercicio, o sea un tiempo más que suficiente para haber depurado a una institución sospechada, aunque se trate de actos que no comprometen a todos sus integrantes.
Cabe recordar, asimismo, que la ministra dispuso hace poco el retiro de los custodios de la Policía Federal de los edificios públicos porteños, en lo que se entendió era una nueva escalada de la disputa entre la Presidenta y la oposición política de la Ciudad de Buenos Aires.
No se puede andar jugando a la política y a la lucha por el poder de esta manera. Hay instituciones en juego y hay un tema que preocupa en grado sumo a toda la sociedad: la inseguridad. Además, hay una cuestión de estilo: la provocación y el agravio permanentes a la oposición, sea quien fuere. Finalmente, una ministra de la Nación no puede alegar que no se puede presentar ante la Justicia una denuncia sobre corrupción cuando no se tienen pruebas, sino que la acusación se fundamenta “en lo que dicen los vecinos”. Esto sí es una falta de seriedad y de responsabilidad institucional grave.
