La decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de "vejaciones" quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.
Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.
El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia de Rio Grande que lleva la causa.
Pero las defensas recurrieron a Casación en base a precedentes en los cuales el máximo tribunal penal del país consideró prescriptos los delitos por no tratarse de hechos de lesa humanidad, algo que en la actualidad está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Casación devolvió la causa al Tribunal de origen "para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos" en el caso de otro acusado, Jorge Ferrante, en el que se declararon prescriptos los delitos.
Según la defensa de los acusados, la resolución ahora anulada "presenta una errónea aplicación de la ley sustantiva en tanto se aparta de la doctrina fijada tanto por ésta Cámara como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en el caso “Taranto”", en relación a otro acusado cuyo procesamiento se anuló por prescripción.
Por el contrario el fiscal ante Casación, Javier De Luca, solicitó que se declare que los hechos investigados "constituyen crímenes de guerra y/o graves violaciones a los derechos humanos"
En ese sentido, la fiscalía dictaminó por rechazar el recurso de las defensas y confirmar la resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas está a cargo de la jueza federal de Rio Grande, Mariel Borruto, quien declaró los delitos como de lesa humanidad imprescriptibles.
Pero en mayo de 2021 esta decisión fue revocada en Casación, en un fallo que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
