Concurrieron al encuentro los doctores Alberto Solanet, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia; Guillermo Fanego, por la Asociación de Derechos Humanos de Latinoamérica, y Aníbal Guevara, por la asociación Puentes para la Legalidad. Fueron recibidos por el doctor Slokar, junto con el vicepresidente de la Cámara, Mariano Borinsky, y el secretario general del tribunal, Montesano Rebón.
Los abogados puntualizaron que en los juicios “no existen los derechos que le asisten al resto de la ciudadanía en cualquier proceso”. Insistieron en que en dichos juicios no se aplican “eximiciones de prisión, excarcelaciones o detenciones domiciliarias para los mayores de 70 años y no se cumplen las disposiciones expresas de la Convención Interamericana de protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para el trato en el juzgamiento de ancianos”.
También advirtieron que a los militares “se los condena por hechos por los cuales no se los indagó ni procesó previamente, violándose en forma grosera el debido proceso y la defensa en juicio”.
“Mientras el promedio de detención en prisión preventiva sin condena para presos por delitos comunes es de 1,4 años, el promedio en los procesos de lesa humanidad se extiende a seis años, existiendo muchos casos de diez y hasta quince años”, señalaron, al marcar otras desigualdades en el trato a los procesados.
Otro reclamo planteado fue que “se enjuicia una y otra vez a personas que tienen dos y tres cadenas perpetuas, sabiendo que no se les puede agregar un solo día más a su condena”.
Las organizaciones precisaron, además, que ya han fallecido condenados los entonces comandantes en Jefe de las tres Fuerzas, los comandantes de cuerpos y de brigadas, y decenas de generales y almirantes, así como muchos de los oficiales superiores de cada fuerza.
Casi medio siglo
“La Argentina es el único país del mundo que juzga a oficiales subalternos y suboficiales por delitos de lesa humanidad, así como civiles, por hechos ocurridos hace medio siglo”, indicaron los representantes de las asociaciones. Hicieron saber, asimismo, que “existen usinas de generación de juicios en las que actúan de consuno organismos querellantes de derechos humanos con miembros de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad del Ministerio Fiscal, creando nuevos casos con testigos militantes -muchos de ellos indemnizados con sumas millonarias por el Estado-, cuya demora en haber revelado los supuestos nuevos datos y omitido su existencia en anteriores declaraciones nunca es tomada en cuenta y se les otorga plena credibilidad en los juicios”.
Las organizaciones denunciaron ante los jueces “la falta de imparcialidad, el trato desigual y la discriminación operada en algunos tribunales” y citaron especialmente el Juzgado Federal N° 3 de la Capital, a cargo de Daniel Rafecas, y de la Secretaría de Derechos Humanos de de ese juzgado, cuya responsable es la doctora Albertina Caron, quienes entre varios actos de parcialidad, encarcelaron en plena pandemia a un anciano del último escalafón del Servicio Penitenciario, pese a su precario estado de salud y avanzada edad y la expresa advertencia del peligro” que el imputado. A los pocos días, ese agente se contagió de Covid-19 en la cárcel y falleció.
DDestacaron las organizaciones que se incumplen las Acordadas de la Corte y de la Cámara Federal de Casación para acelerar y finalizar los juicios. “Se oculta que los casos bajo juzgamiento comenzaron hace 50 años, violándose en todos los casos el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, como lo prevén expresamente dichas acordadas y el Estatuto de Roma.
Comentaron que la Cámara Federal de Casación Penal tomó nota de las denuncias y afirmó que el doctor Slokar “destacó el interés de la Cámara por escuchar los reclamos”, a la vez que prometió trasladar las inquietudes al pleno del tribunal. Hubo coincidencias, finalmente, en que la audiencia constituía “un valioso precedente para la mejor administración de justicia”.
Mariano De Vedia
