La causa se inició en 2012 a partir del reclamo de quienes se consideran por derecho ancestral los dueños originarios de un predio de 180 hectáreas que, en 1937, fue cedido al Ejército y que actualmente alberga la Escuela Militar de Montaña, en Bariloche. La población local ha convocado a un abrazo de apoyo a la institución para el próximo domingo 29.
El Ministerio de Defensa asumió la representación judicial del Estado planteando como la excepción de falta de legitimación pasiva y alegando que no hubo acto administrativo de esa cartera que vulnerara garantías constitucionales de la comunidad mapuche.
A partir de la sentencia de primera instancia del 2 de febrero último, un juzgado federal de Bariloche hizo lugar a la acción de amparo y ordenó entregar el predio en el plazo de 60 días. A pesar de haber recibido la notificación en tiempo y forma y habida cuenta de que el Ministerio había esgrimido la legitimación pasiva, solo el 4 de febrero, a las 15, cuando el plazo procesal vencía a las 12, se comunicó al Ejército Argentino que se debía apelar la sentencia.
Si la mala praxis de los funcionarios dependientes del ministro Jorge Taiana, interpretada por muchos como una forma de entrega solapada de las tierras, despertó indignación, la actitud de las máximas autoridades al intentar responsabilizar al Ejército por negligencia colmó el vaso.
Para los diputados denunciantes, este tan grave como inaceptable proceder oficial permite hablar de delito según lo normado por el Código Penal, que castiga a quien “defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.
No sorprende que varios asesores letrados de la parte demandante sean miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y, si no fuera porque cuestionaron públicamente la postura del Ministerio de Defensa, que ordenó la apelación del Ejército, podríamos estar considerando sospechas sobre algún nivel de connivencia en las negociaciones con el ministerio, de gravísimos efectos sobre el patrimonio de la fuerza. La investigación interna ordenada por Taiana no debiera ser una maniobra distractiva mientras simultánea y solapadamente se puede estar avanzando en peligrosos acuerdos con otras comunidades que usurpan.
El Ejército adujo una “evidente arbitrariedad” por cuanto no se le permite el derecho de defensa como custodio de un bien del Estado, habida cuenta también de su responsabilidad en la defensa nacional en toda la cordillera. Con un recurso extraordinario buscará que la Corte Suprema de Justicia tome intervención. De no revertirse el fallo judicial, el 28 de junio el dominio del predio en cuestión será transferido a título gratuito a la comunidad mapuche por el Instituto de Asuntos Indígenas.
Los diputados opositores denuncian la alevosa maniobra que obligaría al Ejército a entregar las tierras y que se encuadraría en una política de renuncia a la soberanía que hemos visto desplegar sin tapujos en los últimos años, con episodios de inusitada violencia y afectación del derecho de propiedad en beneficio incluso de seudopueblos originarios. Se habla también de negocios inmobiliarios ligados al turismo en tierras concesionadas que luego las comunidades entregarían a empresarios amigos del poder político.
La denuncia de los legisladores llevó al juez Daniel Rafecas a disponer un allanamiento en la cartera de Defensa, del que surgió documentación que incrimina a dos funcionarios como presuntos responsables de la demora que condujo a la presentación fuera de término.
Con más de 50 reclamos activos y miles de hectáreas en disputa, incluidos terrenos de Parques Nacionales y campos de instrucción del Ejército, la ciudadanía aguarda con preocupación la resolución de este conflicto, confiando en que será la Justicia la encargada de volver a poner a la soberanía en el lugar que nunca debió haber perdido. No debemos permitir que el accionar cómplice y errático del propio Estado argentino encubra y defienda a quienes abiertamente no lo reconocen y violan nuestras leyes, amenazando nuestra integridad territorial y desafiando el imperio de las instituciones.
