Esta situación, que a primera lectura puede sonar a disparate, de a poco va tomando forma a través de logros cada vez más concretos. Es posible que debamos viajar a la década del 80 para encontrar las primeras pretensiones de corte indigenista (no impulsadas por indígenas, sino por activistas políticos), para luego concretarse en derechos sellados a fuego en la increíblemente poco cuestionada Constitución de 1994 y su legislación derivada, sobre todo la siempre prorrogada Ley 26.160. Este apretado recorrido nos sitúa hoy en pretensiones que van creciendo al amparo de las omisiones de funcionarios públicos, cuando no su alevosa complicidad.
Resultado de todo esto, hoy puede observarse concretamente en la casi irremediable entrega que el Ejército Argentino deberá realizar a una “comunidad mapuche” de unas 180 hectáreas cercanas a Bariloche que la institución posee desde 1937, por accionar de las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la omisión (¿intencional?) de quienes debieron abogar por defender los intereses de todos los argentinos y la proclividad de algunos funcionarios judiciales (no casualmente, de la provincia de Neuquén) por favorecer los intereses de los supuestos pueblos originarios.
Pero por supuesto no es el único caso ni mucho menos. En Villa Lago Mascardi, vecinos propietarios legales de sus tierras vienen soportando el acoso de violentos que dicen tener derechos ancestrales sobre sus tierras. Lo mismo ocurre en varios puntos cordilleranos, todos de gran belleza y eventualmente de gran valor económico, pero se dan también en zonas donde jamás hubo conflictos, sino a partir de 2012, cuando al norte del río Neuquén Vaca Muerta puso en valor tierras que tradicionalmente fueron empleadas para ganadería y agricultura de baja escala, sin haber allí rastro de presencia mapuche anterior al siglo XX. Por supuesto, luego de la llegada de los asentamientos agrícolas.
Ante cada uno de esos hechos, el avance de las pretensiones territoriales de estos grupos va en desmedro de personas particulares, de organizaciones privadas y públicas, pero en definitiva en contra del orden y el respeto a la igualdad ante la ley, sin prerrogativas de sangre, tal como establece el artículo 16 de la Constitución de la Nación.
Se agrava el cuadro cuando se lo amplía hacia Chile y se comprueba que estos grupos de pequeñas comunidades en apariencia descoordinadas, en realidad responden a un plan mucho mayor y que responde a lineamientos trazados desde el país vecino, donde la situación ya está fuera de control y el accionar es totalmente violento con ataques diarios a personas, sus bienes y autoridades del Estado. Quienes allí generan terror con sus actos, reclaman tierras en una proporción enorme del territorio chileno… y argentino. ¡Casi hasta la bahía de Samborombón en la provincia de Buenos Aires!
La restitución o recuperación pretendida por grupos invasores mapuches no puede ser realizada puesto que los territorios que se reclaman nunca les pertenecieron. Que sus antepasados (en el mejor de los casos) hayan vagado en grupos minúsculos por llanuras de la actual provincia de Buenos Aires, sin habitarlos, o por las costas del Limay o el Río Negro, sin otro objetivo que comerciar o, en algunas oportunidades, atacar asentamientos criollos hacia fines del siglo XIX, no los convierte ni en ocupantes ni les da tenencia, y por supuesto invalida cualquier tipo de reclamo.
La intención de mostrar un pueblo desterrado y casi aniquilado es parte de un plan de marketing montado en el que muchos por conveniencia participan.
Cuando la Nación argentina expandió su territorio lo hizo a sabiendas de que no tenía dueño y no como consecuencia de un aniquilamiento de aborígenes. Pretender forzar ese paradigma es atentar contra la esencia misma de nuestra Constitución, de nuestra Patria y del futuro de nuestros hijos.
Los argentinos tenemos que despertar porque esto que hoy parece pequeño e intrascendente por estar alejado de los grandes centros urbanos, puede convertirse pronto en un conflicto territorial que podría opacar la situación de Malvinas.
Si la “paz social”, un concepto tan superfluo como engañoso, depende de que los ciudadanos y la Nación argentina soporten y se rindan ante intereses caprichosos, ya no es paz social ni equilibrio: es humillación del pueblo y un conflicto invisibilizado; las autoridades y miembros de los tres poderes del Estado debemos tomar cartas en el asunto de manera urgente.
