Por ello se trata de verdaderos presos políticos. Se violó el principio de legalidad al aplicarse retroactivamente la ley penal. Los acusados están sometidos a larguísimas prisiones preventivas que superan con creces los plazos legales, para ellos no hubo eximiciones de prisión, excarcelaciones, libertades condicionales ni 2x1, y el promedio de edad de los encerrados en cárceles comunes supera los 75 años, algunos de ellos con más de 90 años. En un récord vergonzoso para estos jueces prevaricadores, han muerto en cautiverio 714 presos, la mayoría sin condena. Esta inadmisible discriminación quedará en la historia nacional como una de las mayores defecciones y muestra de cobardía de nuestra clase dirigente.
Alberto Solanet
Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
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Publicado en La Nación
