Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible omitir que ese acontecimiento fue consecuencia de una profunda y caótica crisis caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada por un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos. Pocos hechos en la historia argentina fueron tan previsibles, esperados e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política como aquel golpe militar. Hoy no se lo recuerda como a cualquier otro golpe de estado, debido a que este simboliza la derrota militar del terrorismo marxista y la guerrilla subversiva.
La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica, entre otros antecedentes podemos citar la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973, que votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 cabecillas del terrorismo, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.
Si de memoria se trata, podemos recordar que la guerra de los setenta fue una guerra cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, Libia, Guatemala, El Líbano y otras naciones, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas, como la que destruyó el comedor del Departamento de Superintendencia Federal, con 27 muertos y más de cien heridos, muchos de ellos jamás se recuperaron, siniestro que en su magnitud ocupa el segundo lugar luego de la AMIA, y otros hechos vandálicos hasta sumar 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón, en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo que “… a los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la república”. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido, en el marco del feroz combate, extralimitaciones inadmisibles e ilegales.
Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a instancias de un oscuro personaje, Horacio Verbitsky, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, cuyos miembros fueron designados a condición de someterse a sus perversos objetivos, se produjo la más brutal ruptura del orden jurídico, iniciándose una persecución implacable, vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, casi todos sin condena , cuyo promedio de edad supera los 75 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas. Ya han muerto 714 en cautiverio. Hay decenas de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte una muerte lenta, a la que han sido condenados, en medio de la indiferencia de una sociedad que ha optado por olvidarlos después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la república.
Recordar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar, como ha ocurrido en la historia de los países civilizados luego de haber sufrido tan cruentos enfrentamientos. La dirigencia política, los referentes de la cultura, los dirigentes sociales, el periodismo, los medios de comunicación, conscientes de la gravedad del momento que vive la Argentina, deben disponerse con la indispensable grandeza para instrumentar un marco de unión nacional, para restaurar la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas necesarias para consolidar la paz interior.
Alberto Solanet
Carlos Bosch
*Presidente y secretario de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, respectivamente (publicado en La Nación)
