Por otro lado, sectores políticos de la oposición, instituciones, organizaciones profesionales, medios periodísticos, movimientos sociales, promueven una contramarcha con el propósito de defender la independencia del Poder Judicial, de acuerdo a los más elementales principios republicanos.
Nuestra Asociación, con sobrados títulos para ello, hace y hará oír su repulsa a esta nueva vuelta de tuerca en el plan pre-revolucionario que se está ejecutando sin pausa desde el Estado. Pero es su deber hacerlo con fidelidad a lo que viene denunciando desde su fundación y cuya verdad se vuelve cada vez más visible, más abrumadora, salvo para quienes ya fuere por ingenuidad, ya por ignorancia voluntaria, siguen sin querer ver las causas reales del estado de postración en que se encuentra la Argentina.
En primer lugar queremos advertir que la contramarcha anunciada convoca a la defensa de algo que no existe, porque la independencia judicial fue entregada por los propios jueces - incluidos los de la Corte - al Poder Ejecutivo y a la clase política, como también a otras oligarquías, hace ya casi 20 años.
Esto, como lo venimos diciendo desde entonces, tuvo comienzo a partir del golpe de Estado –es el calificativo que corresponde emplear- que el gobierno de Néstor Kirchner dio contra la Corte Suprema poco después de haber sido elegido presidente. Y su éxito fue posible porque, salvo excepciones contadas, tuvo el apoyo explícito de los partidos políticos y otros grupos de poder, tanto del oficialismo cuanto de una falsa oposición, representados entonces en el Congreso Nacional. Muchos de sus figurones se muestran ahora escandalizados por lo que el des-gobierno del trivial Fernández quiere hacer con la judicatura, después de haber sido hacedores de las condiciones para que la Argentina se haya convertido en un país sin jueces dignos de ese nombre. El resultado fue que entonces, por primera vez en nuestra historia institucional, se desplazó mediante maniobras extorsivas, amenazas y juicios políticos farsescos a los ministros de la Corte, nombrándose en su reemplazo a abogados militantes o simpatizantes de la facción gobernante.
Algunos de estos continúan en esa función, después de haber dictado fallos aberrantes e ignominiosos a medida de las necesidades político-subversivas del régimen kirchnerista, al precio de haber entregado a los cerdos la dignidad e independencia inherentes a la más alta magistratura y violar sistemáticamente el orden jurídico en sus principios más fundamentales y universales.
Y ello, con toda evidencia (salvo para quienes no quieren ver y hoy reniegan de las consecuencias de las causas que ellos mismos ayudaron a crear), por los motivos más bastardos que es posible imaginar, a saber:
I. Satisfacer un propósito implacable de venganza –que no de justicia-, a ser ejecutado sobre quienes habían frustrado la toma del poder político por argentinos enrolados en el marxismo revolucionario, apoyados, entrenados y armados por estados extranjeros.
II. Ratificar un pacto explícito entre el gobierno kirchnerista y las oligarquías políticas y corporativas asociadas a aquel con el fin de asegurarse el control absoluto del Estado.
III. Mantener congelados los juicios contra los máximos responsables de la corrupción instalada y conducida desde el Estado, tolerando las demoras insólitas de los jueces inferiores manifiestamente cómplices de las oligarquías gobernantes.
IV. Contribuir a la ruina material –en algunos casos también moral- de las fuerzas armadas y de seguridad de la nación, tornándola vulnerable hasta el extremo que cualquier otro país, por pequeño que sea, podría humillarnos y derrotarnos en cuestión de días.
V. Apoyar la colonización de la nación y del Estado por ideologías perversas, importadas de individuos, ONG’s y países decadentes, extrañas y opuestas por completo a nuestras creencias y tradiciones, con el propósito declarado de encuadrarnos con docilidad en lo que llaman “orden mundial” o “globalismo”, lo que nos ha traído una miseria no solamente económica, sino también cultural y moral, como jamás conocimos los argentinos, otrora orgullosos de nuestras formas de pensar y sentir.
Reiteramos pues que esta Corte Suprema que padecemos, tal vez con una sola excepción, ha sido cómplice y coautora de la pérdida de independencia judicial y de la ruina del Estado. Nosotros lo venimos denunciando desde que dicho proceso comenzó, cuando su presidente se ufanaba de que las sentencias de ese tribunal constituían parte de una política de Estado. Y auguramos los males que acarrearían a la república el prevaricato de sus jueces supremos y la ceguera o tilinguería de tantos moderados y biempensantes.
A muchos de estos últimos se los ve ahora alarmados y preocupados por el cariz que va tomando la cosa. Nosotros no les creemos, porque hemos sido testigos de sus agachadas, de sus llamadas a una prudencia adulterada, de su falta de gallardía cuando vieron encarcelar y morir en prisión a quienes antes, cuando las papas quemaban, aplaudían y adulaban. Hoy son 708 los muertos en cautiverio, acusados de delitos inexistentes llamados de “lesa humanidad”.
La Corte fue burda y groseramente atropellada por el gobierno de turno cuando resolvió en un fallo ajustado a derecho (causa “Muiña”), aplicar el principio de la ley penal más benigna -la llamada ley del 2X1-, que podía beneficiar a gran parte de los encarcelados acusados por aquellos supuestos delitos. La reacción orquestada de los Verbitzky, Carlotto y
compañía, así como de la izquierda –es decir, los mismos que hoy convocan a la pueblada aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la sanción de una ley “interpretativa”. Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho legislativo, merecieron la contundente réplica de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como de otras asociaciones, la nuestra entre ellas.
Por eso no basta con proclamar que el pueblo solamente puede expresarse por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución y que lo contrario constituye el delito de sedición. Tampoco basta con advertir que ese comportamiento implica atentar contra el orden jurídico normativo y los órganos creados para hacerlo cumplir. Y esto es así porque hace rato que los supuestos representantes no hacen sino representarse a sí mismos (son puramente “autorreferenciales”, como se escucha decir) y los primeros en haber convertido el supuesto orden jurídico en un mamarracho legislativo orientado a garantizar sus turbios negocios y su eterna permanencia como dueños absolutos del Estado.
Incurren por lo menos en una pavorosa (también peligrosa) ingenuidad, quienes creen que para salvar la república hay que recurrir a los ‘mecanismos constitucionales’ para enjuiciar a los jueces corruptos y prevaricadores. ¿Acaso ignoran que esos mecanismos responden aceitadamente a esos mismos jueces –la mayoría de la Corte incluida- y éstos a quienes los designaron precisamente para que destruyeran el orden jurídico?
Ellos querrán decirnos que frente a la situación en que nos hallamos no es conveniente hacer esta crítica, porque ella podría debilitar la resistencia a las acciones del gobierno y sus oligarquías aliadas. En pocas palabras, el argumento de la opción por el mal menor.
Hace décadas que los argentinos venimos administrándonos por esa falsa y timorata opción. Los resultados están a la vista: cada vez estamos peor, los peligros se han incrementado y nosotros, los argentinos, vamos camino – muchos ya han llegado- de convertirnos en un hato de individuos resignados, sin fortaleza, honor ni valentía.
Ya no existe para nosotros el mal menor. La Argentina está en manos de la peor gente que este suelo vio nacer en toda su historia. La Argentina reclama, pues, una respuesta proporcionada a la gravedad de esta hora. Y esta tiene que partir de la verdad sobre sus cae.
Buenos Aires, enero de 2022
