En la década del ’70, tanto en el período constitucional como en el de facto, *el ejército montonero* se declaró en guerra contra el estado argentino. Sus objetivos (confesos) eran *aniquilar a las Fuerzas Armadas y apropiarse del Estado* y de los bienes privados de los argentinos que estas resguardaban. En ese marco, el 29 de septiembre de 1976, se produjo el combate de “Villa Luro” entre las fuerzas del orden y cinco integrantes de la jefatura de la banda terrorista montoneros (tres fueron abatidos y dos se suicidaron). Un hecho incontrovertible donde cualquier persona con sentido común distinguiría a las víctimas de los victimarios. No así, sin embargo, el *juez Rafecas* y los jueces federales de la argentina, que entienden que cualquier acto de represión contra integrantes de las bandas montoneros y ERP deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad. A Rafecas y compañía, les es indiferente que los terroristas hayan hecho expresa su voluntad de liquidar el estado de derecho y obrado en consecuencia asesinando a jueces, sindicalistas, policías, sacerdotes, militares, empresarios y ciudadanos comunes. *Victoria Walsh, Alberto Molinas Benuzzi, Ismael Salame, José Carlos Coronel e Ignacio Bertrán murieron en su ley: matando*. El Che Guevara decía "... En una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera)". Para el caso argentino debió haber agregado: “y, cuando se pierde, se curra con los derechos humanos asumiendo la pose de víctimas indefensas”.
Todo esto sucede ante la indiferencia, inacción o complacencia de la clase política. La sociedad, en tanto, mira para otro lado.
