La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, entre otras, pedían también que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas fueran declarados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e imperdonables.
Familiares de las víctimas del ataque contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal mantienen, además, el reclamo para que se reconozca el derecho a la verdad y se ordene la reapertura de la causa. Sobre este punto, la jueza Servini no se pronunció.
Las entidades exigen la nulidad de los sobreseimientos de Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ámgel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza, dispuestos en 2006, a partir de un dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En su resolución, la jueza mantuvo el criterio que desestima considerar los ataques de organizaciones armadas como delitos de lesa humanidad, dado que no se observa que haya existido “provocación, consentimiento o encubrimiento por parte del poder estatal”. Por ese motivo, se encuadró el hecho en la figura de “estrago culposo”.
Con el respaldo de unos 400 abogados, las asociaciones evalúan presentar otros reclamos judiciales para lograr el esclarecimiento de distintos ataques de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Incluso, habrá presentaciones estarán dirigidas contra el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó copar el regimiento de La Tablada en 1989, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.
Entre otros fundamentos, sostienen que los Montoneros mantenían conexiones con el extinto líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, y con Abu Jihad, cuyo nombre verdadero era Khalil al Wazir, líder del brazo armado Al Fatah. Afirman que esos lazos se habrían activado como preparación para la llamada Contraofensiva, como se denominó la etapa de los atentados que el grupo armado argentino intentó perpetrar en el país a partir de 1979.
“Miles de crímenes”
Los abogados de las entidades civiles argumentan que la Cámara Federal, en la sentencia que condenó a los comandantes de las Juntas Militares tras la recuperación de la democracia, contabilizó 21.000 atentados, 5215 mediante el uso de explosivos, y más de 500 asesinatos que las organizaciones guerrilleras denominaban “ajusticiamientos”.
“No se trató de un hecho aislado, sino de uno más de los miles de crímenes cometidos por la organización terrorista, muchos de ellos mediante la colocación de bombas en lugares públicos y privados”, dijo a LA NACION el doctor Ricardo Saint Jean, uno de los letrados que procuran reabrir la causa contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el edificio de la calle Moreno 1417.
La bomba explotó a las 13.20, en el horario del almuerzo, en un ataque facilitado por un infiltrado en la Policía Federal, que colocó un artefacto explosivo con 9 kilos de TNT y bolillas de acero. Fue el atentado más sangriento en nuestro país hasta la voladura de la AMIA, en 1994.
En la denuncia se considera que la colocación de bombas es “la huella digital del terrorismo” y se recuerda que el 26 de junio de 1972 los Montoneros hicieron detonar más de 100 bombas en un solo día. “Cinco años después, la propia organización reportaba la colocación de 85 cargas explosivas en distintos puntos urbanos y de la red ferroviaria”, indican los abogados en el escrito.
Otras causas que se pedirán reabrir son las del ataque al regimiento de Azul, el 19 de enero de 1974, en el que murieron el coronel Arturo Gay y su esposa, Hilda Casaux de Gay, el soldado Daniel Osvaldo González y el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal (secuestrado y ejecutado diez meses después), y el intento de copamiento del regimiento Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, que provocó la muerte de doce militares y un policía provincial.
Mariano De Vedia
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