La bomba que un infiltrado de los Montoneros colocó en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, a las 13 horas del 2 de julio de 1976 y estalló 20 minutos más tarde, mató a tres oficiales de la Policía Federal, veinte suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga. Ese fue el trágico saldo del atentado más sangriento que se produjo en la Argentina en la violenta década del 70.
El responsable fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en la organización armada, que ya actuaba en la clandestinidad. Incluso, su nombre figura en la carátula de la causa judicial que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles, procura reabrir, a partir de un escrito presentado en el juzgado federal de María Servini de Cubría.
El comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno 1431, a una cuadra del Departamento Central de Policía, era frecuentado en su mayoría por personal civil y suboficiales de baja graduación, incluidas varias mujeres que pertenecían al área administrativa. Así lo había informado el propio Salgado a sus superiores en la organización guerrillera, pese a lo cual la conducción nacional del movimiento armado, con Mario Firmenich a la cabeza, decidió por votación seguir adelante con el plan.
Dos semanas antes, el 18 de junio, una bomba había asesinado al jefe de la Policía Federal, eral Cesáreo Cardozo, en un hecho que conmocionó al país. El artefacto explosivo fue colocado debajo de su cama por la militante montonera Ana María González, que meses antes había trabado amistad con la hija del jefe policial.
A Cardozo lo sucedió el general Arturo Amador Corbetta, abogado y militar, partidario de combatir a los guerrilleros pero “con la ley en la mano”, explica el periodista Ceferino Reato en su libro “Disposición final”, en el que entrevistó al dictador Jorge Rafael Videla. El autor sostiene que el atentado en la Superintendencia de Seguridad Federal –un área conocida también como Coordinación Federal- provocó una fuerte reacción dentro de la Policía contra el liderazgo de Corbetta, quien duró solo diez días en su puesto.
Salgado se preparó y ensayó para el ataque. Durante los días previos ingresó varias veces a la dependencia policial con un paquete y comprobó que nadie lo revisaba. El día programado llevó un maletín con la carga explosiva de 9 kilos de TNT y bolillas de acero –una bomba de tipo vietnamita-, preparada en laboratorios de dos unidades básicas de La Plata. Lo dejó en la silla, con el detonante de tiempo activado, y abandonó el lugar. Tras el atentado, siguió combatiendo en Montoneros y hoy su nombre luce en el Parque de la Memoria, el monumento con el que el gobierno de la Ciudad recuerda a las víctimas de la represión militar.
Montoneros se atribuyó el ataque pocas horas después de la explosión, en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”. Muy cerca del saldo final, la agrupación estimaba que la explosión había producido 25 muertos y confiaba en que podían ser más. Y pronosticaba que la capacidad operativa de la sede policial quedaría “seriamente afectada” por un período de tres meses.
De los 24 muertos (19 hombres y cinco mujeres), 21 fallecieron en el instante de la explosión. En los nueve días siguientes murieron otros tres en el hospital Churruca.
Asimetrías y reclamos
La presentación judicial que busca declarar crímenes de lesa humanidad a los atentados de los Montoneros y del ERP, entre otras organizaciones guerrilleras, es interpretada como una oportunidad para corregir asimetrías que llevan décadas.
“Hay un doble estándar de víctimas. Sería un acto de justicia que este pedido prosperara en la Justicia”, resumió Silvia Ibarzábal, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), en diálogo con LA NACION. Su padre, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul, fue ejecutado por el ERP en noviembre de 1974, a los 46 años, luego de permanecer diez meses en cautiverio, tras ser secuestrado cuando la organización armada atacó el regimiento militar, en enero de ese año.
“Que los hechos cometidos por agentes del Estado se consideren más graves no quita gravedad a los actos perpetrados por organizaciones guerrilleras”, aseveró, convencida de que desde hace varios años “no se juzga con la misma vara ni a los detenidos ni a las víctimas”.
Adhieren al reclamo judicial el Foro de Generales Retirados, el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, que reúne a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac) y la Corporación de Abogados Católicos, entre otras entidades.
Mariano De Vedia (La Nación)
