Sobre la base de esa doctrina, hechos acaecidos hace casi 50 años condujeron y siguen conduciendo al juzgamiento, la condena con penas severísimas y el encarcelamiento de más de tres mil quinientos exmilitares, policías, agentes del servicio penitenciario –incluidos agentes civiles de inteligencia y suboficiales de todas las fuerzas–, exjueces y fiscales, sacerdotes, médicos, empresarios y hasta baqueanos contratados por las Fuerzas Armadas, en remotas localidades. Muchos de ellos, fallecidos en prisión sin respeto alguno por el amparo que la ley les brinda en atención a su edad.
Mientras tanto, los líderes e integrantes de organizaciones terroristas guerrilleras no solo no han sido juzgados por sus asesinatos, secuestros extorsivos, tomas y atentados con luctuosos saldos de miles de muertos, heridos y mutilados, sino que han sido indemnizados generosamente como supuestas víctimas, homenajeados con monumentos públicos y obsequiados con importantes cargos en distintas administraciones gubernamentales.
La colocación de bombas es hasta hoy huella digital del terrorismo, ingrediente de una beligerancia que pocos reconocen, incluso en actos crueles e inhumanos que sí permitirían hablar de los llamados crímenes de guerra, receptados por la ley argentina desde 1959 e invocados por la Cámara Federal de Buenos Aires en la condena a los comandantes, en 1985. Ha quedado probado judicialmente tanto en dicha causa como en otras, y confesado por los propios miembros de Montoneros, que en aquellos años se produjeron 21.000 atentados, 5215 con uso de explosivos colocados en edificios, fábricas, casas, automóviles, aviones y barcos, y unos 500 asesinatos, argumentando “ajusticiamientos”.
Invisibilizar a las víctimas de crímenes perpetrados por los terroristas favorece un falaz y tendencioso relato transmitido de generación en generación para ensalzar a supuestos “jóvenes idealistas” que no defendían la democracia, sino que solo buscaban hacerse violentamente del poder
Aducir que los delitos cometidos por agentes estatales deben ser considerados más graves que los llevados a cabo por particulares no alcanza para justificar tan extrema asimetría en una nación fundada sobre el principio de igualdad ante la ley. Invisibilizar a las víctimas de crímenes perpetrados por organizaciones terroristas favorece un falaz y tendencioso relato transmitido a las sucesivas generaciones de argentinos ensalzando a supuestos “jóvenes idealistas” que no defendían la democracia y que solo buscaban hacerse violentamente del poder para instaurar una “patria socialista”.
Muy funcional: sin víctimas no hay victimarios. Privadas de todo reconocimiento, ignoradas y hasta olvidadas por el conjunto de la ciudadanía y por las autoridades, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) ha podido probar que fueron más de 17.000 las personas agredidas, secuestradas y asesinadas por el terrorismo que aguardan visibilidad y reparación.
El 2 de julio de 1976, a las 13.20, con mujeres y niños presentes, tuvo lugar el atentado más sangriento en nuestro país, solo superado en número de víctimas por el ataque a la AMIA, en 1994. Un artefacto explosivo detonaba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1431 de la Capital, con un saldo de 24 muertos y más de 60 heridos.
En la causa que investiga los referidos hechos, varias asociaciones y víctimas del terrorismo guerrillero de los 70, incluidos más de 400 abogados, reclamaron judicialmente esta semana que los crímenes de la organización terrorista Montoneros sean también declarados de lesa humanidad. En la que anuncian será la primera de una secuencia de pedidos de reapertura de causas contra las organizaciones guerrilleras, piden la nulidad de los sobreseimientos y de la prescripción de los delitos, la inaplicabilidad de las amnistías e indultos con que fueron beneficiados y la detención de sus cabecillas y miembros, integrantes de dicha asociación ilícita, así declarada por un gobierno democrático.
Tanto los delitos cometidos por los agentes de las fuerzas estatales como por los miembros de los grupos terroristas guerrilleros en los enfrentamientos armados de los años 70 fueron amnistiados por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas durante el mandato del presidente Alfonsín. Más tarde, los integrantes de las juntas militares y los cabecillas de las organizaciones terroristas –que no habían sido alcanzados por aquellas normas– recibieron el indulto del presidente Menem. Al momento de los hechos, los delitos en cuestión no eran considerados de lesa humanidad, pero se modificó su condición, en un afán por sumar apoyos políticos por parte del kirchnerismo, violándose no solo el principio de legalidad de nuestra Constitución, sino el propio Estatuto de Roma, que los define y que entró en vigor para nuestro país en 2007, con un artículo que prohíbe su aplicación retroactiva.
Los denunciantes resaltan el informe producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que respaldó la persecución a los militares que reprimieron la toma del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, en 1989, por parte del terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP). La citada Comisión argumentó que tales hechos no estaban prescriptos, pues constituían actos cometidos en el contexto de un conflicto armado no internacional, por lo que le eran aplicables las normas sobre crímenes de guerra contenidos en los acuerdos internacionales. Si en 1989, pasados seis años de la recuperación democrática, se entiende que la Argentina se encontraba en un conflicto armado no internacional, qué decir entonces de los hechos históricos vividos en los años 70. Los miembros de Montoneros serían entonces pasibles de juzgamiento también por crímenes de guerra consagrados en la Convención de Viena.
Los denunciantes piden no solo la reapertura de las causas por los hechos más aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas, sino también, en forma alternativa, que se realicen “juicios por la verdad” a la cual tienen derecho los afectados por tales crímenes y sus familiares.
Las víctimas del accionar terrorista tienen el derecho de querellar, el de conocer la verdad de lo ocurrido, ocultado por la falta de juicios, o su interrupción por obra de leyes de amnistías o indultos presidenciales que han servido para amparar solo a los miembros de esas organizaciones, las cuales se alzaron en armas contra la nación en períodos constitucionales.
Preocupan también mucho la injerencia y el peso de aquellas violentas ideologías en la institucionalidad argentina de hoy y en nuestra política exterior, por lo que el clamor que trasunta esta valiente primera denuncia debería ser atendido con toda premura por los tres poderes del Estado. Sin verdad completa, no puede haber justicia.
Editorial de La Nación
