El juzgado federal de Bariloche funciona con suplentes desde 2014. Lleva más de dos años de vacancia y el concurso en el Consejo de la Magistratura, donde es evaluado por la diputada Vanesa Silley, una de las representantes del oficialismo, aún transita la etapa de impugnaciones, sin vistas de resolución antes de 2022.
La semana pasada, después del ataque incendiario que destruyó por completo el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras acusar con razón de complicidad e instigación a las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), solicitó ayuda al presidente de la Nación. La respuesta resultó sorprendente: “No es función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”. Una insólita abdicación de funciones elementales del Estado, tales como las de defender la integridad territorial de la Nación y brindar seguridad a sus habitantes.
El mes pasado, un grupo autodenominado mapuche ocupó unos terrenos en la zona conocida como Cuesta del Ternero, en el área rural de El Bolsón, y cortó la ruta 40. A principios de mes habían incendiado un edificio de informes turísticos en esa localidad y una sede de Vialidad en el cerro Catedral. Al incendio del edificio destinado a la Escuela de Guardaparques en Villa Mascardi de noviembre 2020 siguieron la usurpación de tierras, la tala de árboles y la quema de casas particulares en la zona del Nahuel Huapi, que incluyó una brutal paliza a uno de sus propietarios, además de la toma de tierras en el mismísimo parque nacional, a partir de que una joven “machi” de 16 años, miembro de una comunidad que se autodenomina mapuche, declaró haber soñado que Villa Mascardi era lugar sagrado. Tras su instalación, el propio gobierno nacional los proveyó de transporte y víveres, mientras la máxima autoridad del área, la Administración de Parques Nacionales, desistió del juicio por usurpación que debió plantearse.
La desidia –por no decir complicidad– del gobierno nacional puede explicarse por razones ideológicas, aunque también por cuestiones político-partidarias. La titular del INAI, Magdalena Odarda, fue compañera de fórmula del actual ministro de Justicia, Martín Soria, cuando este fue precandidato a gobernador rionegrino y resultó derrotado por quien hoy gobierna la provincia. Su segundo en el INAI es Luis Alberto Pilquimán, tío de Lucas Naiman Pilquimán, quien pertenece a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la agrupación que viene protagonizando los ataques en la zona de Villa Mascardi.
El bucólico paisaje se transformó a partir de una sucesión de hechos vandálicos, violentos e irracionales que han puesto en peligro la paz social, la vida y el trabajo de la población honesta y laboriosa de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, obligada a convivir a diario con el miedo y la violencia. La presencia de fuerzas federales comenzó a concretarse apenas tímidamente.
¿Qué mayores preocupaciones pudieron haber impedido al Presidente responder con premura al llamado de una gobernadora? ¿Cuál es el límite de su capacidad de desconocer e ignorar lo que ocurre en la Argentina? ¿Acaso el Presidente vuelve a pretender envolvernos en la trampa ideológica de confundir el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias de nuestro país con el accionar de un grupo terrorista que tiene muchas reminiscencias con la acción del ERP en Tucumán durante los sangrientos años setenta? No podemos permitir que, una vez más, en aras del relato se intente socavar el orden constitucional. Claramente, estamos ante un intento de sedición, tipificado como un gravísimo delito por la Constitución nacional y el Código Penal.
Una ley del año 2006 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Esta norma impide el desalojo cuando la posesión fuera actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada. Sin embargo, la ley fue groseramente manipulada para justificar negativas de desalojo en situaciones de hecho, usurpaciones y delitos flagrantes, incluso justificando acciones violentas de distintos grupos que no reconocen a la Nación Argentina, sostenidos económicamente desde el poder y que invocan sus leyes solo cuando les resulta conveniente.
Con una jueza subrogante de Zapala que visita Bariloche cada 15 días y una fiscal federal –Silvia Little– “sola y decepcionada”, apoyada ahora por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, todas las causas derivadas de la violencia pseudomapuche continúan durmiendo. Cabe recordar, además, que en junio pasado el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la usurpación de tierras privadas en Villa Mascardi.
Estamos ante una situación que tiene un trasfondo político e ideológico, pero también judicial, que no debe continuar. Se trata de delitos federales que exceden los límites de una u otra jurisdicción y son de una gravedad institucional inusitada, al margen de las consecuencias económicas que provocará este estado de violencia sobre el ya muy golpeado turismo en la zona.
Es hora de que la sociedad en su conjunto reclame al gobierno nacional una posición clara, firme, fundada en el derecho y en respeto de las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias, y rechace la violencia y el delito de manera inmediata. Es el único modo de recuperar la necesaria paz social y la vigencia del Estado de Derecho.
LA NACION
