En esa incierta situación está el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Juan Martín Paleo, nombrado por el presidente Alberto Fernández y propuesto durante la gestión de Agustín Rossi para ascender a teniente general. Lo mismo ocurre con los jefes del Ejército, general de división Agustín Humberto Cejas; de la Armada, vicealmirante Julio Humberto Guardia, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Xavier Julián Isaac.
Al asumir, el nuevo ministro de Defensa ratificó la premisa que guiará la decisión sobre la continuidad o el relevo de las autoridades militares: la “subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político”, un criterio que en las últimas décadas se daba por descontado.
Pero hay más. El Senado, cuerpo que Taiana integró desde fines de 2019, también tiene frenados los pliegos de los ascensos de otros cinco generales, seis coroneles y 79 tenientes coroneles en el Ejército. En total son más de 180 los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que ven relegados sus posibles ascensos.
Borrones en la lista
Los cinco generales de brigada del Ejército que ven amenazados sus ascensos son Guillermo Olegario Gonzalo Pereda, director general de Planeamiento Militar del Estado Mayor Conjunto; Juan Antonio Zamora, inspector general del Ejército; Gustavo Pedro Tejeda, titular de Educación y vicerrector de la Universidad de la Defensa Nacional; Horacio Martín Señoriño, comandante de la División 3, con sede en Bahía Blanca, y Diego Martín López Blanco, conductor de la División 1, con asiento en Curuzú Cuatiá.
Los militares y sectores de la oposición política tienen presente que en noviembre de 2020, al discutir listas de ascenso que venían con retraso, el oficialismo quitó de la lista durante el debate en el Senado los nombre de dos oficiales que habían declarado en la Justicia en causas que comprometían a los dirigentes kirchneristas Amado Boudou y Milagro Sala. Se trata de los tenientes coroneles Jean Pierre Claisse y Walter Rovira, que siguen en actividad pero cuyos futuros son un interrogante.
Ejército Argentino
Durante el debate, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) atribuyó la eliminación de ambos militares de la lista de ascensos a presiones del kirchnerismo, cuando sus nombres no habían sido objetados en la Comisión de Acuerdos. Se presume que la maniobra habría sido promovida por el senador Oscar Parrilli, como gesto de lealtad a la líder de su espacio, Cristina Kirchner, y represalia por declarar en los juicios.
En esta ocasión, el retraso en el tratamiento de los ascensos alcanza en la Armada a los contralmirantes Eduardo Antonio Traina, subjefe de la fuerza, y Edgar Daniel González, inspector general naval.
A ellos se suman los capitanes de navío Juan Carlos Romay (director de la Escuela Naval Militar), Marcelo Luis Fernández (comandante del Área Naval Atlántica), Claudio Dante Gardenal (Área Naval Fluvial), Sergio Gustavo Martino (director de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Coré (director general de Inteligencia), Marcelo Jorge Calvete (director general de Material) y Oscar Pedro Grasso (Investigación y Desarrollo), que superaron los tests de las juntas de clasificación y están en condiciones de pasar a ser contralmirantes. Siguen en la lista otros 46 capitanes de fragata.
En la Fuerza Aérea esperan definiciones sobre sus promociones el brigadier Sergio Larsen, actual inspector general, y los comodoros Diego Fabián García, que viene de ser agregado militar en Chile y hoy es director de Planes, Programas y Presupuesto; Fabián Carlos Celotto, ex agregado aeronáutico en Francia y actual director general de Inteligencia en el Estado Mayor Conjunto; Walter Lanutti, director general de Intendencia en la Fuerza Aérea; Fernando Patricio Valentich, quien estuvo destinado en Estados Unidos y hoy integra el área de Educación en la fuerza; Guillermo Alberto Stahl, director de Investigación y Desarrollo, y Carlos Héctor Valdés, jefe del Cuartel General en el edificio Cóndor.
La lista se completa con otros 23 vicecomodoros, que aspiran al grado inmediato superior.
Todos los pliegos tienen el visto bueno de la Secretaría de Derechos Humanos, que revisó los antecedentes de los militares y dictaminó que no se encontraron vínculos con causas de delitos de lesa humanidad. Aunque no es una exigencia legal, también pasaron el filtro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en la gestión de Taiana en el Ministerio de Defensa podría volver a recobrar la influencia que tuvo en la primera etapa kirchnerista.
Mariano De Vedia
