A la ley promulgada por la entonces Gobernadora, María Eugenia Vidal, que literalmente prohíbe discutir el fantasioso número de 30.000 desaparecidos en el ámbito provincial, esta semana se sumó un proyecto presentado por el ínclito pero ignoto Senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, que prevé sancionar a quien ponga en duda ese número, estableciendo penas de cárcel para los infractores.
Pero a ese dogma de cancelación que, como tal, pretende ser correcta y que no acepta impugnaciones, se contraponen hechos y cifras oficiales. Los informes de la CONADEP (1984), la Secretaría de Derechos Humanos (2006) y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado contabilizaron menos de 9.000 desaparecidos. Las mismas certezas surgen del Parque de la Memoria, implantado en la costanera porteña, donde se colocaron 30.000 chapitas para recibir los nombres de esos teóricos argentinos faltantes; la enorme mayoría de ellas continúa en blanco pese a que, para intentar rellenarlas, se retrotrajo a 1955 el derecho a la membresía, además de incluir a quienes cayeron combatiendo o fueron asesinados por las mismas organizaciones terroristas a las que pertenecían.
Han pasado ya 38 años desde que los militares dejaron el poder, y se han pagado miles de millones de dólares en indemnizaciones a los deudos de todos ellos, tiempo suficiente y dinero más que tentador como para que los parientes de alguno de los más de 21.000 inventados casos hubieran reclamado; bastaba con arrimar el número de documento. Sin embargo, para los dueños del relato nada permite ponerlo en duda, ni siquiera los dichos del propio creador de ese número mágico (Luis Labraña, ex montonero, https://tinyurl.com/26bkxth9) que confesó que lo había hecho, ya en 1977, para suscitar la generosidad crematística de fundaciones europeas instalando la idea de un inexistente genocidio que, de todas maneras, aún no estaba tipificado como delito en la época de los hechos.
Los organismos de derechos humanos argentinos, que tanto han lucrado y robado con su discurso sesgado acompañando a Néstor Kirchner y ahora al Presidente Pinocho, se rasgaron las vestiduras ante los presuntos excesos de la represión oficial en Chile, Colombia y Bolivia, pero firmaron -con los archivados presidentes que integran el Grupo de Puebla- un claro respaldo a los regímenes asesinos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tuvo una curiosa epidemia post-rebelión que, esta misma semana, mató a seis generales.
En realidad, el caso Boudou no debiera llamarnos la atención porque lo mismo ha sucedido con muchísimos políticos presos (no presos políticos, como pretende el kirchnerismo) por corrupción durante la extendida década en que los organizadores de esa asociación ilícita ocuparon la Casa Rosada; los poquísimos aún detenidos están cerca de recuperar la libertad por haber cursado Plastilina 1 y 2 u origami mientras estaban en prisión. Si a ese disparate de nuestra legislación penal se le suma que los fiscales que militan en Justicia Legítima compiten para acceder a los pedidos de estos delincuentes de guante blanco, no queda espacio para la sorpresa, pero deja claro qué sucedería si Cristina Fernández consiguiera desplazar a Eduardo Casal para nombrar un Procurador del palo.
En cambio, debiera perturbarnos si comparamos la situación de tamaños ladrones -con su procesada jefa a la cabeza- con la que sufren cientos de ancianos (militares, policías y civiles) presos en las mazmorras de esta democracia tan peculiar que transitamos o internados en el pseudo Hospital Penitenciario, que carece de infraestructura y de medicamentos adecuados para atender a gerontes. Ellos, cuyo promedio de edad es de 78 años y padecen todo tipo de enfermedades, son retenidos en las cárceles pese a la diseminación del virus, mientras que a miles de asesinos y violadores se los dejó en libertad arguyendo el peligro de contagio, muchos de los cuales han vuelto a delinquir.
La sociedad argentina, siempre hipócrita, eligió a aquellos ciudadanos para endilgarles, sin pruebas y en juicios totalmente amañados, el mote de caníbales y el Estado, desde 2003 y sin solución de continuidad, decidió comérselos; por el contrario, los terroristas que asaltaron cuarteles en democracia durante el gobierno de Juan Perón y asesinaron oficiales y conscriptos, no sólo gozan de una injustificable libertad sino que han sido indemnizados con sumas millonarias. Los sicarios togados, esos jueces que se disfrazan de machos corajudos frente a ancianos que comparecen ante los estrados extraviados, con la mente perdida y hasta en camilla por estar cuadripléjicos, a los cuales continúan repartiendo alegremente condenas a perpetuidad, son los mismos que cobardemente tiemblan ante Cristina Fernández y son vilipendiados y humillados por ésta cada vez que la habilitan a montar sus vacuos e ilícitos espectáculos públicos.
Pertenezco a una generación a la cual Montoneros y ERP amenazaron su vida; si no tuvimos miedo entonces a sus trágicos padres, resultaría ridículo que lo tuviéramos a sus farsantes y bastardos hijos, nazis de Puerto Madero. Por eso, y porque ninguna ley mordaza logrará callarnos ni hacernos huir de nuestro país, les pregunto: ¿tienen ya listas las celdas en que nos encerrarán por seguir pregonando la verdad?
Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 796)
Abogado
