Con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se siga investigando una denuncia por el presunto cobro fraudulento de 12 indemnizaciones a familiares del grupo guerrillero Montoneros. El fiscal federal Federico Delgado había solicitado la desestimación de la denuncia y frente a la falta de impulso de la fiscalía el juez federal Ariel Lijo -no existiendo otra opción y sin poder continuar de oficio- cerró la causa sin entrar en el análisis de los hechos denunciados.
Contra esta resolución la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia interpuso recurso de apelación y solicitó ser tenido por parte querellante. La Cámara antes de pronunciarse sobre la apelación devolvió la causa al juzgado de Lijo para que se expida sobre la petición de Justicia y Concordia de ser querellante. El 14 de abril el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a la solicitud y elevó el expediente al tribunal de alzada para que resuelva la apelación planteada contra la desestimación de la denuncia.
En atención a que Lijo había aceptado como querellante a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Cámara Federal -por mayoría- consideró que la opinión del fiscal Delgado no impide al juez de instrucción disponer la investigación de los hechos denunciados. Por tal motivo, los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia revocaron la desestimación de la denuncia postulada por el fiscal federal Delgado y devolvieron la causa al juzgado de Lijo para que el juez, dando intervención a la querella, resuelva si corresponde darle curso a la investigación.
La denuncia fue hecha por el periodista José D’Angelo en noviembre de 2019 contra funcionarios y ex funcionarios por el otorgamiento de 12 indemnizaciones presuntamente en forma fraudulenta a familiares de supuestas víctimas del terrorismo de Estado pero que -según la presentación- no lo eran. Después de cotejar documentos y testimonios de la época, D’Angelo denunció que ninguno de los expedientes que había revisado responde a las causales comprendidas en la llamada “ley reparatoria” ni en sus ampliaciones ni en su reglamentación ni en las posteriores resoluciones. En el escrito presentado ante la Justicia se señala que de comprobarse esta circunstancia serían responsables del fraude ocasionado al Estado los causahabientes, quienes los hubieren asesorado o intervenido a sabiendas de la falsedad para la tramitación y cobro de las indemnizaciones, y los funcionarios públicos que aprobaron los pagos sabiendo que no correspondían, o sin haber realizado las diligencias necesarias mínimas para corroborar la procedencia del beneficio.
En la denuncia se relata que la docena de trámites relevados constituirían casos falsos de víctimas de “Desaparición Forzada” y “Ejecución Sumaria” o “Asesinato”, en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entre los casos denunciados existen personas que vivieron hasta 2016, murieron en accidentes de caza, manipulando explosivos, muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o ejecutados por las organizaciones armadas a las que pertenecían.
El 25 de septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo emboscó y asaltó un camión de caudales en el centro de la ciudad de Córdoba con el objetivo de llevarse los valores que se transportaban en el vehículo. En ese momento, se produjo un tiroteo entre los guerrilleros y los custodios del blindado a los que se sumaron efectivos de la policía provincial. Como consecuencia de la balacera murieron una guerrillera, dos custodios y un policía resultó herido. La mujer abatida, miembro del ERP, fue identificada como Nora Lía Marquardt cuyo nombre de guerra era “Sargento Clara”. Veinticinco años después de aquel hecho ocurrido durante un gobierno constitucional, los familiares de Nora Marquardt -gracias a una de las llamadas “leyes de reparatorias”- cobraron más de 171 mil dólares en concepto de indemnización como víctima del terrorismo de Estado. Además el nombre de la militante del ERP abatida durante el asalto al blindado figura en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Este y otros once casos similares en los que se pagaron indemnizaciones a herederos de guerrilleros de manera presuntamente ilegal figuran en la denuncia la Cámara Federal ordenó que vuelva al juzgado de Lijo para que el magistrado resuelva si se va a investigar o no. En el escrito se exponen de forma detallada las maniobras que, invocando las “leyes reparatorias”, habrían permitido defraudar al Estado en cifras millonarias.
Otro de los casos denunciados es el de Hugo Therisod, alias “Roque”. A las 11 de la mañana del 20 de agosto de 1975 en pleno centro de la ciudad de Córdoba, una unidad de combate del ERP atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial “con el objeto de detener y ajusticiar a todo el personal”. Los guerrilleros realizaron cortes en varias calles de la zona céntrica para dificultar la llegada de refuerzos. En el ataque fueron asesinados cinco policías y cayó abatido Therisod.
En la revista Estrella Roja, órgano oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo, publicó un artículo en el que al referirse a “Roque” destacó “su compromiso con la revolución socialista, su odio a la policía y demás fuerzas represivas lo llevan a cumplir con iniciativa y enorme alegría su tarea, el ataque a la Guardia de Infantería. Murió valientemente cuando desprendido del resto de sus compañeros debió enfrentar sólo con una pistola a un conjunto de policías fuertemente armados dando un alto ejemplo de moral revolucionaria.”
Este atentado se cometió durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, presidente constitucional. Sin embargo, los herederos de Hugo Therisod recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado, una suma que al momento de percibirla equivalía a 98 mil dólares.
En la denuncia además se describen otros casos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización por haberlos considerado “traidores” y de aquellos que murieron por impericia en la manipulación de explosivos o por fallas en la fabricación de esos artefactos.
Entre ellos se destaca lo ocurrido con Adriana Kornbliht, alias “la Turca”, quien murió mientras intentaba colocar una bomba en la comisaría de Monte Chingolo en la provincia de Buenos Aires, en marzo de 1977. Según cuenta Pablo Giussani en su libro “Montoneros, la soberbia armada”, Kornbliht falleció despedazada por una bomba que le estalló en las manos mientras intentaba colocarla en la dependencia policial. Los familiares de “la Turca” recibieron en 2007 más de 360 mil pesos, más de 116 mil dólares a la cotización de la época, cifra que podría aumentar a 178 mil de la divisa estadounidense si se la actualiza por inflación.
Sin dudas, uno de los casos más llamativos mencionados en la denuncia que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, es el de los hermanos Sabao. El 28 de noviembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en Rosario, un grupo armado con ametralladoras y fusiles FAL atacaron a Carlos Raimundo Sabao y a Pedro Alberto Sabao. El primero cayó en el lugar alcanzado por varios impactos mientras que su hermano se arrojó al Río Paraná. Los atacantes lo persiguieron y continuaron disparándole hasta que su cuerpo desapareció de la superficie del río. Al día siguiente, el cadáver de Pedro Sabao fue extraído de las aguas del Río Paraná por la Prefectura mientras que su hermano Carlos, gravemente herido, logró sobrevivir. Pocos días después, la organización Montoneros se adjudicó el ataque. Los causahabientes de Pedro Sabao cobraron en marzo de 2001 el equivalente a 168.300 dólares. Según la prueba ofrecida en la denuncia, su hermano Carlos falleció en un geriátrico de la ciudad de Rosario en el año 2016, sin embargo su nombre está en una de las placas del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires como una víctima del terrorismo de Estado. Los 12 casos denunciados figuran en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.
