“La memoria de las víctimas, además de la ley, constituye un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas”, destacó Felipe VI, al agregar que se trataba de un centro “pionero en Europa” para la “preservación de la memoria de las víctimas” y el “fortalecimiento de los valores democráticos que ellas representan”.
Entre más de mil testimonios de víctimas del terrorismo en distintos soportes, se encuentra una reproducción a escala natural de uno de los escenarios más escalofriantes de los crímenes del terrorismo en España, como fue la cárcel del pueblo. José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, fue retenido allí por la ETA durante 532 días, un crimen que nos remite inevitablemente al secuestro y tortura por más de un año del coronel Argentino Larrabure, a manos del ERP, finalmente asesinado.
Preservar los valores éticos y democráticos de las víctimas del terrorismo en una memoria colectiva que las incluya y generar conciencia para la defensa de los derechos humanos y la libertad ante el avance del terrorismo constituye una deuda que la democracia no debería continuar posponiendo
La crueldad del terrorismo, su saña y odio no distinguen fronteras, idiomas ni ideologías. Los métodos siempre se parecen. Detrás de las capuchas que ocultan los rostros de los secuestradores siempre está la lucha por el poder y frente a ella, la humanidad inocente en los ojos de quien es secuestrado, torturado e incluso asesinado en nombre de la revolución, la independencia, el yihadismo o la excusa de turno, tal como lo sufrieron en su propia carne Ortega Lara o Larrabure.
Con una línea histórica desde el surgimiento del terrorismo en España en 1960 hasta el presente, el museo alberga también una sala sobre los discursos y prácticas del odio que dan sustento al terrorismo y la respuesta institucional del Estado frente a este flagelo.
Entre nosotros, con las víctimas del terrorismo eliminadas de la memoria colectiva, los esfuerzos estatales han estado concentrados en garantizar la impunidad de los terroristas y en crear un relato donde las bombas, los secuestros y asesinatos, realizados principalmente por Montoneros y el ERP, aparezcan convenientemente edulcorados y hasta justificados.
Mientras en España el Estado en democracia se aboca al homenaje a las víctimas del terrorismo, en la Argentina, desde hace décadas las borramos de la historia. Peor aún, otorgamos indemnizaciones millonarias a sus victimarios, puestos de gobiernos a exterroristas y familiares que reivindiquen la violencia armada y construimos una visión histórica que solo recuerda a quienes en nombre de una revolución que nadie pidió, integraron las filas de Montoneros y del ERP.
En la ciudad de Buenos Aires, el Parque de la Memoria alberga los nombres de 8751 personas que habrían sido víctimas de los abusos estatales durante el último gobierno de facto. No distingue a quienes murieron tomándose la pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o que fallecieron mientras manipulaban bombas o atacando unidades militares. Este hecho fue denunciado como un inmoral homenaje a terroristas por la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), desde 2009. En reiteradas presentaciones ante el gobierno porteño y el Instituto Espacio para la Memoria, sus representantes pidieron la remoción de los nombres de 52 terroristas del ERP muertos en combate durante el ataque al Batallón de Arsenales Viejobueno, en Monte Chingolo, en 1975, o de los asesinos del militar Jaime Gimeno, en 1974, entre otros, aun cuando los propios terroristas admitieron en sus órganos de prensa y libros su pertenencia y deceso.
Como infame paradoja, las menciones que hay de víctimas del terrorismo en este Parque se han hecho mancillando la memoria de inocentes, al adjudicar al Estado la autoría de crímenes perpetrados por Montoneros o el ERP, para contribuir al abultamiento de las listas.
Tampoco el Museo de la Memoria instalado en la exESMA recoge ninguno de los miles de delitos cometidos por los terroristas, tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos, en los cuales se registró la mayor cantidad de atentados.
Desde una visión parcial y subjetiva de nuestra historia como la que pretenden imponernos, queda desgraciadamente demostrado que en la Argentina la memoria no es un derecho. Es vergonzosamente un atributo tan selectivo como esquivo, un privilegio otorgado exclusivamente a los que desde las organizaciones armadas intentaron hacerse del poder para instaurar una dictadura como la cubana. Preservar los valores éticos y democráticos que representan las víctimas del terrorismo, construir una memoria colectiva que las incluya y generar conciencia para la defensa de los derechos humanos y la libertad ante cualquier avance del terrorismo constituye una deuda que la democracia no debería continuar posponiendo.
LA NACION
