Las decisiones tomadas en el marco de esta emergencia sanitaria ubicaron el control de seguridad casi exclusivamente en el control del cumplimiento del marco legal para el cuidado de la salud pública. Esto favoreció al crimen organizado, en sus distintas modalidades, permitiéndole desarrollarse en el territorio nacional favorecido por la paralización del servicio policial específico y ante un escaso esfuerzo judicial.
La ausencia de las fuerzas federales en los principales corredores nacionales, muy especialmente en zonas fronterizas contribuyeron a debilitar aún más el sistema de control preventivo. Esta situación, adquiere una significativa relevancia si se considera la presencia de organizaciones criminales transnacionales en las fronteras de Paraguay y Brasil con nuestro país.
Las zonas urbanas donde el crimen organizado, muy especialmente el narcotráfico, tiene presencia efectiva desde hace mucho tiempo, como el conurbano bonaerense, barrios carenciados de la CABA, Rosario y otros escenarios menos violentos, no solo logró consolidar sus dominios territoriales, sino que anexó nuevos dominios, como claramente queda reflejado con el accionar de las organizaciones criminales de Rosario que en el último tiempo actúan en la provincia de Entre Ríos.
Córdoba también presenta un panorama preocupante, observándose en la actualidad más nítidamente su rol de punto de conexión de las bandas transnacionales con los mercados ilícitos internos e internacionales. Los problemas que se observan en la falta de políticas de seguridad, deficiencias en el funcionamiento policial en sus distintas formas y lentitud judicial, indican que este escenario se dirige rápidamente hacia un futuro de predominio delincuencial como los otros mencionados.
La inseguridad ciudadana que vivimos tiene su origen -en gran parte- en la expansión del crimen organizado. Las bandas se tirotean en los barrios por cuyos territorios están luchando y muchas veces además de los delincuentes, caen inocentes vecinos. Desde estos barrios se distribuye droga, se venden armas ilegales, se proporciona logística para operaciones criminales de distintas envergaduras y se consigue servicios de “sicarios” extranjeros.
Completa el tétrico panorama la ausencia del Estado en estos escenarios, donde los habitantes además de acostumbrarse a vivir con esta realidad, van aceptando la “cooperación” de los líderes de la ilegalidad para atenuar sus padecimientos; en algunas zonas éstos están desplazando a los viejos “punteros políticos” por lo que los encumbrados dirigentes políticos se ven obligados a recurrir a sus servicios para contar con las simpatías electorales de los vecinos.
Al respecto, destacados analistas internacionales del crimen organizado presentan a estas situaciones como el principio del Narco Estado y señalan que, inicialmente, el mismo no persigue cooptar la totalidad de los elementos del Estado, sino sólo algunos de ellos y en determinadas áreas que les resultan de interés para el desarrollo de sus actividades ilícitas y así gozar de las influencias sociopolíticas que le aseguren presencia en los centros de poder. Pero el peligro latente es que, al expandir sus intereses, amplíen sus dominios cooptando prácticamente todos los componentes del Estado.
Otro de los aspectos que incidió en el crecimiento de la inseguridad es la fragmentación de la conducción del Estado en los mosaicos provinciales. Así, las manifestaciones delincuenciales organizadas y sus efectos sobre la inseguridad pública, no pueden ser combatidas exitosamente en forma aislada en cada una de las zonas que las padecen, sino que deben ser atacadas en conjunto -Estado Nacional y Provincias- como producto de una política de estado y estrategias integrales de contención del delito, procurando inicialmente fortalecer la prevención policial, la inteligencia criminal con el aprovechamiento de la tecnología aplicada a la seguridad y la agilización de la administración de justicia.
También es real que en los hechos se torna muy difícil implementar políticas y estrategias integrales porque debe existir primariamente una vocación gubernamental de concretarla y contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo. El consenso indispensable a veces no se logra dentro del mismo espacio político oficialista, como tampoco lo conseguía la actual oposición cuando gobernaba en el anterior mandato presidencial, lo que bien señala la ex Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, en su reciente libro “Guerra Sin Cuartel”.
Por más que resulte casi utópico, la lucha no es solamente contra el COVID19 puesto que no es el único enemigo de la sociedad. Pasado el primer impacto de la lucha sanitaria y en los albores de la vacunación a toda la sociedad es pertinente retomar el tratamiento de los demás problemas sociales como la creciente inseguridad. Entonces, le corresponde a todo el arco político y social de nuestro país asumir el desafío de encontrar el consenso necesario para establecer las medidas adecuadas que contribuyan a mejorar la situación y fijar las bases para el fortalecimiento de la seguridad de los argentinos.
