La principal agrupación política que gravita hoy sobre el Gobierno es La Cámpora, que evoca, precisamente, a Héctor Cámpora, quien asumió la presidencia con el apoyo de la Tendencia Revolucionaria, inicialmente integrada por las entidades guerrilleras FAR, FAP, Montoneros y la Juventud Peronista.
Las banderas que esos grupos alzaban para subvertir el orden institucional y matar por sus "ideales" eran completamente equivocadas. La ausencia de una autocrítica profunda implica sostener que cualquier grupo social tendría justificación moral (y legal) para desconocer la Constitución y las leyes, toda vez que cuestione un orden injusto, según su interpretación personal de las cosas. Es muy plausible morir por ideales, pero no matar a otros por los propios. Ni la pena de muerte es aceptable.
Todos esos grupos terroristas sostenían políticas equivocadas. El llamado socialismo nacional era un conjunto de vaguedades teóricas, sin ningún sustento práctico. Creer que los pueblos vivirán mejor luego de la "liberación" (del "imperio") o que el bienestar resultará de integrar una "Patria Grande" son palabras huecas todavía utilizadas para justificar la violencia de ayer y el autoritarismo de hoy.
La lucha por la liberación es parte del menú que John William Cooke y su esposa, Alicia Eguren, prepararon para fusionar el peronismo con el marxismo, instando a la lucha armada. En cuanto a la Patria Grande es un concepto que viene de José Enrique Rodó ("Ariel") y que fue tomado por Manuel Ugarte y también por Cooke. Planteaba que Gran Bretaña había fomentado la independencia individual de las naciones latinoamericanas para impedir que se uniesen y frustrasen su objetivo de dominación.
La Cámpora, que no reivindica la lucha armada pues ya está en el poder, parece mantener esas creencias. Que el capital extranjero busca apropiarse de los recursos naturales, impidiendo su industrialización local. Que esos intereses y la oligarquía nacional imponen un modelo agroexportador, donde el valor se agrega en el extranjero. O que la unión de los países de América Latina permitiría, de por sí, crear una industria potente y moderna, con un gran mercado interno, sin depender del capital foráneo.
La realidad es que el país carece de ahorro interno y que, para sacar a la mitad de la población de la pobreza, requiere fuertes inversiones en actividades que demanden empleo. Una utópica lucha por la liberación no solucionará eso, solo alejará inversiones, con excepción de las de China.
La Argentina necesita aumentar su comercio exterior, con una economía abierta y competitiva. Los productos que necesita son mayormente insumos y partes industriales. Ni la Patria Grande ofrece un mercado significativo para nuestras exportaciones, ni produce los suministros que nuestras fábricas y campos requieren. La "embajada paralela" en Venezuela ya demostró el tipo de negocios que se realizan entre dos gobiernos populistas carentes de moral y plenos de afán de lucro.
En su versión siglo XXI, los herederos de la Tendencia Revolucionaria han tenido una redituable deriva monetaria, que no compartían sus predecesores. Actualmente, configuran una organización cuyo objetivo es ganar poder y utilizarlo conforme los dictados de la vicepresidenta de la Nación. Es decir, cooptar los tres poderes del Estado para liberarla de sus procesos penales por corrupción.
Mantienen, como en los orígenes del socialismo nacional, el completo desprecio por la tradición republicana, con su sistema electivo, división de poderes, independencia de la Justicia, periodicidad de mandatos, publicidad de los actos, igualdad ante la ley, libertad de prensa y respeto por los derechos individuales.
La Argentina se encamina a un sistema de gobierno autoritario, que se propone eliminar los sanos frenos y contrapesos republicanos por considerarlos factores retardatarios impuestos por los poderosos para obturar la voluntad popular. De allí las insinuaciones de reforma constitucional para suprimir los requisitos de mayorías especiales en el Congreso y la estabilidad de jueces y fiscales, pretendiendo convertirlos en cargos electivos como los integrantes de los otros dos poderes.
Obviamente, toda esta concepción del Estado implicaría un fuerte retroceso institucional. Y en materia económica, demolería completamente los fundamentos esenciales del sistema capitalista, comenzando por el derecho de propiedad y la sacralidad de los contratos, sin los cuales no es posible concebir inversión alguna.
Tampoco es esperable que, quienes idealizan aquellos aciagos 49 días de 1973, en que gobernó Cámpora, realicen las reformas estructurales que permitan recuperar la solvencia fiscal, como repite el ministro de Economía en los foros internacionales.
Mientras el Gobierno anuncia que en 2021 comenzará la reconstrucción nacional, luego de la pandemia, el "riesgo montonero" serrucha el piso de su discurso, llevando al país por el camino exactamente inverso. Un camino que conduce al abismo.
