Su texto sigue:
En una maniobra artera guiada por la larga mano de la venganza, el kirchnerismo en el Senado de la Nación les negó el ascenso a dos militares cuyos pliegos, por cierto inobjetables, habían sido enviados al Congreso por el presidente Alberto Fernández.
Se trata de los tenientes coroneles Jean Pierre Claisse y Walter Rovira, jefes de la Casa Militar y de la dirección de la quinta presidencial de Olivos, durante el mandato de Mauricio Macri, cuyos pliegos contaron, además, con el debido aval del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa, y respecto de los que nada tuvieron para objetar los organismos de derechos humanos, cuya cuestionable opinión también es requerida en estos casos de pedidos de ascensos a militares.
Llegados los pliegos a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria-Mendoza), oficialismo y oposición decidieron, por unanimidad, conceder los ascensos a la totalidad de los integrantes de la nómina enviada por el jefe del Estado.
Sin embargo, cuando el dictamen arribó al recinto para su aprobación definitiva, a esa lista le faltaban dos nombres: precisamente, los de Jean Pierre Claisse y Walter Rovira. No hubo que escarbar mucho en la burda jugada política para concluir que fueron objeto de un vil revanchismo político. Claisse había declarado como testigo en la causa en la que se investiga al exvicepresidente Amado Boudou por haber utilizado un avión privado para gestiones oficiales mientras era funcionario. Rovira también fue testigo ante la Justicia, pero en otro expediente sobre presunto pago de coimas para la construcción de viviendas sociales que mucho preocupa al kirchnerismo. En ese contexto, Rovira testificó sobre la presencia de la dirigente Milagro Sala en la quinta de Olivos.
El vulgar toma y daca parece ser la principal vara con la que el oficialismo en ngreso mide las posibilidades de quienes merecen obtener un ascenso o acceder a un cargo público
La oposición parlamentaria denunció de viva voz la maniobra, pero la fuerza de los números del kirchnerismo en el recinto logró imponer la lista de ascensos recortada. La sed de venganza de la principal fuerza política en la Cámara alta no solo desprecia la institucionalidad, traiciona los compromisos y se burla de los opositores, sino que, sin argumentos válidos, le enmienda la plana al jefe del Estado, a la sazón comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, haciendo lo que quiere con el destino de su pedido.
Lo ocurrido constituye un hecho gravísimo que se suma a otros tantos ejemplos de burda prestidigitación política. Esta vez desaparecieron dos nombres de candidatos a ser ascendidos; en otras oportunidades, se encaramaron a altos puestos candidatos que no cuentan ni con la idoneidad ni con la ética que se demanda para ocupar cargos públicos claves en una estructura de gobierno. En ocasiones no menos nefastas, se los hizo y se los sigue haciendo saltar por encima de quienes inequívocamente demuestran ser merecedores de esos puestos por sus valores, méritos y antecedentes.
Hace poco tiempo, comentábamos en estas columnas que, una vez más, el Presidente despreciaba el mérito al proponer como integrante de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a quien no había ganado el concurso, pero era afín al Gobierno: el doctor Daniel Bejas, quien finalmente asumió como miembro de ese cuerpo a principios de este mes. Quien había quedado primera en el concurso fue la doctora Alejandra Lázzaro, con una extensa trayectoria en la carrera judicial y con más de tres décadas de desempeño dentro de la CNE. Sin embargo, pesó más en la consideración del oficialismo la fuerte vinculación de Bejas con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y con el Partido Justicialista.
En cuestiones de veto kirchnerista no puede dejar de recordarse el del doctor Ignacio Rodríguez Varela, quien fue ternado para cargos de juez o fiscal en 35 oportunidades, en la mayoría de las cuales obtuvo el mejor puntaje, pero siempre fue postergado por Cristina Kirchner, discriminado por portación de apellido, por haber sido su padre ministro de Justicia del último gobierno militar. Recién en 2018, Rodríguez Varela fue merecidamente nombrado juez.
El vulgar toma y daca parece ser la principal vara con la que el oficialismo mide las posibilidades de quienes merecen obtener un ascenso o acceder a un cargo público. Ese deplorable sistema de premiación depende tanto del grado de sumisión como del aporte a la causa kirchnerista que el aspirante haya brindado o vaya a brindarle, sea cual fuere esa contribución. En cambio, solo merecen la postergación, la degradación y hasta el escarnio público quienes muestren independencia ideológica, mérito individual o que hayan cumplido con su deber de decir la verdad cuando fueron citados por la Justicia.
Durante la misma sesión del Senado en la que quedó sellada la trampa por la que castigaron a los dos militares citados, tomó estado parlamentario el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que el arbitrario y discrecional juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ocupe el Juzgado Federal N° 1 de La Pata, que tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país.
Ramos Padilla había procesado, entre otros, al periodista de Clarín Daniel Santoro por la vinculación que falsamente se le atribuyó con la organización que integraba el supuesto abogado Marcelo D'Alessio, dedicada a hacer espionaje ilegal. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata acaba de revocar el procesamiento de Santoro, al entender que Ramos Padilla -otro juez cercano al kirchnerismo- no pudo acreditar "mínimamente" los hechos atribuidos al periodista.
Podríamos enumerar muchos casos más de este tipo, que ya son largamente conocidos. Que la lista de pésimos ejemplos se siga engrosando debe preocuparnos, pero también ocuparnos: la institucionalidad está en serio riesgo y, con ella, el futuro de la República.
