El Presidente del Instituto, Dr. Díaz Pérez , manifestó que al 31 de diciembre de 2019 , tenía una deuda consolidada de aproximadamente $2.853.626.155 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DE PESOS y al 31 de octubre de 2020, los compromisos impagos son de $2.477.723.316 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MILTRESCIENTOS DIEZ Y SEIS).
Por lo tanto, la deuda del IOSFA al 31 de octubre, totalizan la suma de $5.331.349.471 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO) que se obtiene de sumar los impagos del periodo 2019 y parte del 2020.
En enero de 2020, se redujeron los porcentajes de cobertura y en junio se puso en práctica el pago de co-seguros.
Como afiliado, defino esta situación como previsible, gravísima y escandalosa. Los adjetivos que utilicé están relacionados con el tiempo en sus tres dimensiones, pasado (período 2008/2012), presente (período 2013/2019) y futuro (2020 y años subsiguientes). A su vez, esos períodos se relacionan con tres procesos que denomino: génesis del proyecto, unificación y crisis.
TM - ¿Puede efectuar comentarios sobre cada período y proceso que Ud. menciona?
En el período 2008 / 2012, se llevó a cabo la GÉNESIS DEL PROYECTO de unificación de las obras sociales militares. Se pretendía unificarlas cuanto antes, pero el proyecto era meramente teórico y en la práctica, difícilmente podría arrojar resultados satisfactorios.
Por tal motivo era previsible el fracaso rotundo. Asimismo, el proyecto se estructuró con escasa visión. Los que intervinieron en su desarrollo y concreción interactuaron con los responsables de conducir las OO.SS. y, en ningún momento, supieron, quisieron ó pudieron interpretar la realidad que vivía cada una, tampoco evaluaron las causas que las llevarían irremediablemente hacia una situación de deterioro progresivo y que finalmente provocó la crisis actual, difícil de cuantificar en cuanto a su magnitud y alcances.
Además, el proceso que puso en práctica la unificación, no habría tenido un planeamiento adecuado, aspecto de vital importancia pues sin planeamiento no pueden adoptarse previsiones para reducir los riesgos y garantizar el éxito en la acción. Tampoco existirían estudios previos de aceptabilidad, factibilidad y aptitud que permitan fundamentar los considerandos del DNU 637/13.
A mi criterio, se trató de un proyecto de ley inconsulto, ya que no se tuvo en cuenta, ni la opinión, ni la voluntad de los afiliados quienes, mediante sus aportes mensuales, habían permitido un crecimiento patrimonial de las obras sociales militares. Éstas, lograron un nivel de servicios importantes, que tradicionalmente satisfizo las expectativas de los afiliados. El proyecto, además, se concibió para quitarles a los militares toda posibilidad de conducir su propia organización y fueron reemplazados por políticos y civiles los que, a la luz de los resultados obtenidos, habrían demostrado desconocer la cultura organizacional, el funcionamiento y las características propias de las obras sociales militares.
Para consolidar esta estrategia, desde el poder político, se habría tratado de desprestigiar la administración de las obras sociales de las FFAA, instalando la idea de que la situación por la que atravesaban, era el resultado de la mala administración de los recursos, de la resistencia al cambio, de la ineficiente forma en que se realizaban las compras y la contratación de prestadores y , hasta se habría manifestado que existiría un importante porcentaje de deshonestidad entre los que tenían la responsabilidad de conducirlas.
Por otra parte, la intención de mejorar la eficiencia de diferentes Obras Sociales unificándolas en una sola, resultó ser una idea desafortunada, porque no responde a ningún razonamiento lógico pensar que juntando pobreza se obtiene un resultado de satisfactoria solvencia.
Se sabía perfectamente que la situación por la que atravesaban nuestras obras sociales era el resultado del incumplimiento flagrante, por más de dos décadas, de la Ley 19.101 por parte del Estado Nacional, lo cual constituyó una violación sistemática y arbitraria de los derechos tanto del personal militar en actividad como del que se encuentra en situación de retiro y un perjuicio concreto que se traslada a sus familiares en un ámbito tan sensible como es el de la protección de la salud.
Que quede claro, que los haberes del Personal Militar y los de las Fuerzas de Seguridad, que son también afiliados, a la Obra Social, por décadas estuvieron por debajo de los valores de la inflación real, así queda esta situación como causa provocada por el mismo Gobierno, que ha pretendido argumentarla como consecuencia desestabilizadora de la relación ingreso/egreso en los presupuestos de las OOSS. Si a esta circunstancia le sumamos el incremento sostenido de los costos prestacionales y de medicamentos nos encontramos ante un problema que no fue ponderado adecuadamente.
Durante el período 2013 / 2019 se concretó la UNIFICACIÓN de las obras sociales militares, sobre la base de lo dispuesto en el DNU Nro 637/13. En ese lapso se producen hechos que configuran una situación que la califico como gravísima porque el DNU estableció un plazo para la unificación, la que debió estar finalizada a fines de 2014. Como no se concretó, el plazo original se prorrogó por un año mediante la Resolución del Ministerio de Defensa Nro 585 del 4 de junio de 2015. En otras palabras, la unificación debería haber sido el resultado de la finalización de todos los procesos tendientes a concretarla. Pero en este caso, como se dice vulgarmente, se puso el burro detrás del carro y se decretó la unificación sin que los procesos finalizaran. De esta manera, no se establecieron previsiones para el planeamiento de una transición ordenada ni para garantizar el funcionamiento coordinado de aspectos de índole operativa vinculados con las prestaciones médico asistenciales y sociales. Las actividades inherentes a la unificación que se pretendía concretar se extendieron en el tiempo por períodos que excedieron con creces el límite de lo razonable y aumentaron el riesgo que presupone no poder alcanzar objetivos, generar incremento en los gastos, carecer de sistemas informáticos unificados y no poder ejercer el control sobre las actividades de la organización, por citar sólo algunos.
La unificación de las obras sociales castrenses no ofrecía garantías de integrar eficazmente los servicios que prestaban las OOSS por separado ó satisfacer las demandas, en materia prestacional, de todos los afiliados. Como consecuencia de estas imprevisiones , hoy los afiliados , sufren carencias inadmisibles en las prestaciones que deberían percibir y , cuando estas carencias afectan la salud, adquieren connotaciones de negligencia, discriminación y arbitrariedad difíciles de tolerar y que incursionan en aspectos de naturaleza penal.
En el marco de la Obra Social, se habría instaurado una suerte de ineptocracia, presumiblemente, se habrían designado personas afines a las coaliciones gobernantes como autoridades y , en el nivel gerencial, a personas que desconocían las particularidades y especificidades de la obra social militar. Hasta se comenta que se habría incorporado personal sin concursar.
El Régimen de Afiliación establecido por Resolución Nro 5/15 de fecha 25 de noviembre de 2015, contribuyó a incrementar los gastos en salud, a punto tal que fue derogado y reemplazado por el que rige actualmente y que fuera aprobado por Resolución Nro 17/18 el 28 de junio de 2018, lo cual pone en evidencia la falta de planificación.
Resultan llamativas y paradójicas dos noticias publicadas por CLARÍN. El título de las mismas y la fecha de su difusión permiten efectuar amargas conclusiones. El 3 de mayo de 2013 ese medio de prensa tituló, “Cristina aseguró a la CGT que las obras sociales no se tocan”. En tanto , el mismo medio el 4 de junio de ese mismo año, publicaba la nota titulada: “Unifican las Obras Sociales de las FFAA , Gendarmería y Prefectura”.
Finalmente, el Ministerio de Defensa, no habría realizado la supervisión y el control previsto en los Decretos 637/13 y 2271/13 sobre las autoridades del IOSFA, las cuales habrían actuado negligentemente demorando la puesta en vigencia de procesos y circuitos eficientes que permitieran optimizar y controlar el empleo de los recursos, incrementar los beneficios prestacionales y lograr el bienestar de sus afiliados, que era el objetivo que perseguían dichos decretos.
En el año 2020 y subsiguientes, el IOSFA deberá gestionar la crisis en que se encuentra y que he adjetivado como escandalosa, por las siguientes razones:
El blanqueo de los haberes de las FFAA dispuesto por el Gobierno a partir del 1 de octubre del corriente año, habría sido considerado por el Gobierno como una alternativa para aportar fondos que permitieran reducir el déficit que actualmente tiene el Instituto. El otorgamiento del mismo, sería una consecuencia del descalabro sufrido por el IOSFA.
La crisis por la que atraviesa la Obra Social, no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso que lleva años de duración. La crisis actual no se habría producido si se hubiesen controlado adecuadamente los procesos y los gastos. A la luz de los pésimos resultados obtenidos, presumiblemente habrían sido ineficientes todos los sistemas de control implementados en los distintos niveles de conducción de la obra social.
Por otra parte, La Unión del Personal Militar Asociación Civil, conocida en ámbitos castrenses como la UPMAC , ante las irregularidades administrativas en la gestión, efectuó en 2018, una presentación ante la Auditoría General de la Nación y una denuncia penal que recayo con el Número 018826/2018 en el Juzgado Federal Nro 11 – Secretaría Nro 22 , para que se determinen las responsabilidades de quienes, presuntamente, podrían estar involucrados en la comisión de hechos delictivos previstos y reprimidos por los Artículos 174 inciso 5, 248 , 249 , 260 y 261 del Código Penal.
Detrás de lo establecido en el DNU 637/13 y su reglamentación Decreto 2271/13 , se vislumbraría un millonario negocio vinculado a la compra de insumos y medicamentos.
Las razones de economía de escala, que se expresan en el DNU, justificando la mentada unificación de las obras sociales militares, podría haberse logrado utilizando procedimientos contractuales conjuntos, sin necesidad de eliminar la especificidad de cada una de ellas y menos la individualidad jurídica de éstas.
Si el objetivo a alcanzar era brindar una mayor cobertura de salud a los afiliados de las obras sociales, mediante el aprovechamiento de las instalaciones sanitarias existentes, ello podía haberse logrado mediante convenios de reciprocidad entre la Sanidad Militar de cada Fuerza Armada.
La gestión actual, acumula recorte de prestaciones, disminución en el porcentaje de cobertura para la compra de medicamentos, limitación de reintegros, corte de servicios por no pagar a los prestadores y a las farmacias, implementación del pago de co-seguros y la disminución de consultas y estudios de laboratorio y de diagnóstico para pacientes ambulatorios que perjudican la prevención de enfermedades durante el ASPO y la DISPO. A mi entender, no se habrían adoptado medidas de carácter urgente para proteger el derecho a la salud de los afiliados, que está consagrado tanto a nivel nacional como internacional como uno de los Derechos Humanos fundamentales y presumo que se encuentra en peligro de ser conculcado, por el ineficiente desempeño en que habrían incurrido funcionarios irresponsables.
El malestar de los afiliados es evidente y no se puede ocultar. En algunas localidades, se manifestaron de manera pacífica, en otros pintaron paredes y vidrios de las sedes del IOSFA. No puedo negar que percibo un creciente malestar entre los afiliados, especialmente en aquellos que residen en las provincias. A medida que pasa el tiempo, los perjuicios se acrecientan y los reclamos podrían incrementarse y hasta generalizarse en las guarniciones del país.
El desprestigio de la obra social ha tomado estado público y distintos medios de comunicación social oportunamente difundieron el pésimo presente por el que atraviesa. En las actuales condiciones, suscribir y renegociar contratos y/o convenios es muy difícil. Los afiliados, entre los que me cuento, sufren la vergüenza de verse privados de prestaciones y medicamentos, “EL IOSFA NO PAGA” es la frase inclemente con la cual descartan proporcionar lo que solicitamos. El descrédito y la desconfianza generados son difíciles de mensurar.
TM - ¿Para Ud. cómo se solucionan los problemas por los que atraviesa el IOSFA?
La situación es volátil y compleja. Considero importante que el IOSFA recupere la credibilidad que perdió desde el año 2013 a la fecha. Algunas medidas que aprecio conveniente se concreten, son las siguientes:
El IOSFA debe ser conducido por Personal Militar y de las Fuerzas de Seguridad, en actividad.
Las autoridades del IOSFA deberían informar al Ministerio de Defensa, que el blanqueo de los haberes dispuesto a partir del 1 de octubre de 2020, no alcanza para sumar ingresos genuinos que permitan revertir la situación de insolvencia por la que atraviesa la Obra Social. Es imprescindible, que el Estado Nacional tal como lo ha hecho en diferentes oportunidades con otras OOSS, aporte los fondos que permitan pagar las deudas contraídas por las administraciones ineficientes y al mismo tiempo restablecer la cadena de pagos, sobre todo si se tiene en cuenta que esta Obra Social es estatal.
Realizar una administración austera y eficiente, con controles y estadísticas estrictas, que permitan revertir en breve, las causas de esta crisis económica financiera que produjo: reducción de las prestaciones y en los porcentajes para compra de medicamentos, la implementación del pago de coseguros, y la falta de pago a los prestadores de salud en las diferentes jurisdicciones.
Reorganizar el IOSFA para que funcione con el personal indispensable, evitando nombramientos , incorporaciones y contrataciones innecesarias.
Es necesario privilegiar la transparencia. Las auditorías deberían abarcar integralmente el período 2013 / 2020, ya que también es imprescindible que una auditoria externa ponga atención especial sobre el desempeño , no sólo de las autoridades que ejercieron la conducción de la obra social hasta el año 2019 sino también sobre las que actualmente tienen esa responsabilidad. Es importante conocer cómo se efectuaron los nombramientos, las razones que llevaron a incrementar el personal de la organización en el período 2013/2020, la forma en que se pagaron retribuciones, viáticos, pasajes y los motivos por los cuales se privilegiaron las compras sin licitación y la forma en que fueron utilizados los recursos disponibles, sobre la base de lo establecido en los instrumentos legales que dieron origen al IOSFA.
El resultado de la auditoria externa permitirá tener información sobre la forma en que se condujo la gestión del Instituto, desde su creación hasta la actualidad para corregir los desvíos a la brevedad y , a la vez , establecer responsabilidades administrativas y o penales en cuyo caso se deberá dar intervención a la Justicia.
Hay que evitar caer en la tentación de recurrir a los créditos para salir de la crisis, solamente contribuirán a generar mayor endeudamiento.
Se debe impulsar la Causa Federal Penal Nro 7888/20, que se tramita en el Juzgado Correccional Federal Nro 3 a cargo del Juez Rafecas y toda otra que eventualmente se aprecie conveniente realizar sobre la base de los hallazgos que se detecten en futuras auditorías.
Las medidas enumeradas son sólo algunas de las que deberían adoptarse pero debe quedar claro que no deben ser las únicas.
TM - ¿Desea agregar algo más?
El DNU 637/13 en su Título IV – Prestaciones de Salud – Art 11° , expresa : "Todos afiliados al IOSFA gozarán, igualitariamente, de los beneficios de un programa integral de Prestaciones médico asistenciales y de salud, cuyo acceso quedará garantizado por procedimientos normativos y una red de servicios institucionales propios y contratados, que operarán en todo el ámbito nacional". Este artículo constituye en sí mismo una contradicción, si lo comparamos con la situación médico asistencial que actualmente padecemos y que podría agravarse en el futuro inmediato como consecuencia, entre otras cosas, del proceso inflacionario, del incremento de costos de servicios, prestacionales, de insumos y de medicamentos, de un eventual desabastecimiento y del incremento del corte de prestaciones si no se restablece la cadena de pagos.
