Visto el caos en la gestión de la lucha contra el Covid 19, la catastrófica situación económica, política v social actual, agregado a la inseguridad ciudadana, la excepcionalidad como forma de ejercer el poder y las gesticulaciones de futuras reformas multisectoriales. El gobierno mostrando una fuerte presión política, una guerrilla parlamentarla y la desinformación utilizando los medios de comunicación, tiene como meta realizar una reforma judicial parcial, sin importarle la legalidad de ese acto, el costo político v aún menos el financiero.
- Es distraer a la sociedad con otras falsas urgencias para ocultar su fracaso en la gestión de sus políticas públicas v evitar los procesos judiciales contra varios funcionarlos del gobierno, constituidos en organizaciones delictivas.
Es así que un grupo dedicado a un plan organizado y de ejecución sistemática, ajeno a los intereses de la Nación, la justicia y la Constitución Nacional. Constituido por el Cels, Hijos, AEDD, Abuelas, Madres, sectores del gobierno, de la CSJN, parlamentarios, con el apoyo de algunos representantes del Pro y otros partidos, impulsan un proyecto para que se sancione a los magistrados de Casación o de otras instancias judiciales del fuero federal por respetar las garantías procesales a los ilegales acusados de lesa humanidad o por el solo hecho de dar curso a los escritos de sus abogados en los recursos respectivos. El Consejo de la Magistratura jugaría un rol mayor en ese escenario. Es una manipulación más en los objetivos de un proyecto inconstitucional, cuando la Argentina a la hora actual vive en un contexto de catástrofe política, económica, social y de urgencia sanitaria.
Esa sanción bajo forma de recusación o juicio políticos tiene el objetivo de amedrentar los magistrados que en general tienen un pasado y un presente comprometido con políticos, patrimonios dudosos, ambiciones políticas y preferirían violar los derechos humanos de terceros para salvar sus situaciones personales. El objetivo es doble:
- Disciplinar la justicia federal en los juicios de lesa humanidad y poco importa el principio de legalidad, el Estado de Derecho, y las Obligaciones Positivas Los jueces solamente observan, son voluntariamente actores pasivos.
- Exterminar con argumentos supuestamente jurídicos los acusados de lesa humanidad. La ministra de la Justicia, un ministro de la CSJN, el Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la Vicepresidencia v el Jefe de Gabinete son los actores más dinámicos en este proyecto, dedicando tiempo, pero también recursos humanos y financieros para apoyar el proyecto. Reducir la pobreza, equipar hospitales, escuelas, controlar la inseguridad, fomentar inversiones...son sectores que esperan la ayuda económica del Estado y que se son prioritarios más que un plan de venganza. Es así que:
- En la segunda quincena de septiembre los organizarnos de derechos humanos pidieron celeridad en las causas de lesa humanidad ante el Consejo Consultativo, que llegaron ante esa instancia a pedido del presidente Fernández dentro del proyecto de la reforma judicial. Los inoperantes actores de derechos humanos dicen tener corno objetivo llevar a todos los genocidas a los tribunales por que se están muriendo sin ser acusados. Violan con esos discursos el principio de inocencia, acusando de delitos inexistentes porque en Argentina hubo genocidio por consecuencia no hay genocidas
Ese proyecto del gobierno es tan grave que alerto a un ex presidente de la Nación, a los defensores del Estado de derecho y el orden republicano pero los responsables institucionales por intereses personales aceptan esas proposiciones y hasta hacen públicas sus posiciones para no herir susceptibilidades políticas de un sector radicalizado de la sociedad. Por ejemplo: “Las expresiones del ex-presidente constituyen comentarios fuera de la época", expresó el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF AA. Poco importa si ese ilegal proyecto del gobierno afectara directamente a su personal.
¿Quiénes son una vez más las víctimas de estas maniobras en nombre de los Derechos Humanos? Las personas arbitrariamente privadas de libertad, acusadas ilegalmente de lesa humanidad El objetivo de los que movilizan ese proyecto no solo es ideológico sino también de venganza, mentira, injusticia, y visceralmente quieren que aquellos que defendieron el Estado de derecho y la sociedad mueran en las cárceles por el Covid19 u otras enfermedades, en sus domicilios u hospitales, pero con pulseras y custodiados por el Servicio Penitenciario Federal. Jamás los beneficios procesales previstos en normas internas, Constitución v Convenciones internacionales. Pensar que la justicia es la solución en Argentina es un sofisma, los jueces federales son el problema.
(*) Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias
