Nueve meses -dijo La Nacíón -después de asumir como ministro de Defensa, Agustín Rossi celebró la cristalización de la condición que le fijó al presidente Alberto Fernández para aceptar hacerse cargo del área, en diciembre: con la sanción del Fondo de Defensa Nacional (Fondef), que aprobó anoche por ley el Senado, contará con $30.000 millones para renovar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que en la mayoría de las unidades militares tienen una antigüedad promedio de 38 años.
La inyección de recursos se destinará, prioritariamente, a desarrollar programas de construcción y modernización de aeronaves en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), como los Pampa III y el IA-100, la remotorización de los Pucará, la recuperación del avión de patrullaje marítimo P3 Orion y la construcción de remolcadores en Tandanor, entre otros emprendimientos.
"Es un fondo específico que será destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, para que puedan cumplir los objetivos de toda política de defensa, que es garantizar la soberanía en los espacios aéreo, terrestre y marítimo", explicó Rossi, que vio aprobado el proyecto que él mismo había presentado en la Cámara de Diputados, antes de llegar por segunda vez al Ministerio de Defensa y cuyo tratamiento en el Senado se demoró hasta que el Gobierno avanzara en el acuerdo con los bonistas y en la presentación del presupuesto 2021.
El fondo estará conformado por el 0,35% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto de este año, que llegarán sucesivamente al 0,5% en 2021, al 0,65% en 2022 y al 0,8% en 2023, proporción que se mantendrá en los años posteriores.
Con los recursos del Fondef, los militares podrán aspirar a renovar su armamento y material bélico, en momentos en que su obra social, que comprende también a los miembros de la Prefectura y la Gendarmería, atraviesa una profunda crisis. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que cuenta con 585.000 afiliados, mantiene una deuda de $4400 millones y sufre la suspensión de servicios por reclamos de los prestadores.
El objetivo de mejorar la custodia de la soberanía mediante la incorporación de nuevas aeronaves para el patrullaje marítimo en el Atlántico Sur se dará en momentos en que la Argentina carece de submarinos en condiciones operativas, luego del trágico hundimiento del ARA San Juan, con sus 44 tripulantes a bordo, en noviembre de 2017.
El desafío de fortalecer el patrullaje marítimo se complementa con la reciente actualización de la ley de pesca, que aumenta las multas para la captura ilegal de especies en el Mar Argentino.
El fondo también contribuirá, según las previsiones del Gobierno, a promover la industria de la defensa, un sector que Rossi considera "estratégico y fuertemente multiplicador de la actividad económica". Pronosticó que en ese sector "se generarán puestos de trabajo y se fortalecerán cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas".
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La legislación vigente establece que en el reequipamiento de los medios militares se debe favorecer, en primer lugar, la "sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa".
Otro objetivo es procurar "la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico"
