Los informes que pueda realizar el titular de Gendarmería Nacional en
cualquier situación de connotación pública en virtud del pedido del
Ministerio de Seguridad son estrictamente procedimentales ajenos a
dictámenes judiciales y solo cuentan hechos ocurridos en el lugar de los
acontecimientos. Si después, el poder político elabora otra instancia por la
vía judicial, es ese el lugar donde el funcionario que se sienta perjudicado
debe efectuar el reclamo administrativo correspondiente.
Sin mencionar el hecho de conocimiento público, debemos alejarnos de las
ideologías cuando de casos de seguridad se refieran cualquiera sea el signo
político del partido gobernante. Los problemas se dirimen en las distintas
instancias de la justicia y no afectar aquellas personas auxiliares de los
magistrados que llevan a cabo las investigaciones para dilucidar la verdad de
los incidentes de criminalidad en todo nuestro país.
El funcionario en ejercicio de su gestión al finalizar la misma, no debe
arrogarse de dicho periodo como si fuera lo más sobresaliente y más en
particular cuando los gendarmes que trabajaron en el 2019 son los mismos
que desarrollan tareas de ejecución en el presente año, imprimiéndole el
ahínco, esfuerzo y corrección que han caracterizado a Gendarmería Nacional.
Juan Carlos Holm
Especialista en Seguridad
Asesor Del Centro de Estudios Estratégicos Alberdi
