Alberto Fernández dijo al Financial Times que no tenía un plan porque no creía en ellos. Como hace a cada hora mintió, pues sí lo tiene, aunque éste le haya sido impuesto por su jefa política. En el conurbano pregunté a muchos cuál era su principal preocupación en este momento tan complicado, y la unánime respuesta me sorprendió: es indispensable, aunque resulte carísima e inoportuna, una reforma del fuero federal criminal y el funcionamiento de la Corte Suprema. Me pareció raro, porque estaba convencido que el problema más grave era la pavorosa inseguridad cotidiana, traducida en una irracional violencia; luego seguían la proliferación del narcotráfico, la desocupación y el hambre, el futuro poscuarentena en la economía personal, el cierre de las escuelas y, claro, el aumento de los fallecimientos atribuidos al Covid-19. A partir de eso, entendí el por qué del enorme apuro que el Presidente para anunciar sus intenciones.
Desde el 10 de diciembre de 2019, fueron liberados nada menos que 4.500 presos condenados por todo tipo de delitos, muchos de ellos gravísimos; un porcentaje nada desdeñable de ellos ha vuelto a las andadas, cometiendo todo tipo de crímenes de los cuales dan diaria cuenta las noticias policiales; esas son las hordas armadas que el kirchnerismo ha puesto al servicio de sus peores intereses. La ciudadanía reacciona, y muchos han decidido tomar las armas para defender sus vidas y sus propiedades. El narcotráfico ha vuelto por sus fueros, aquéllos que lo convirtieron en socios del poder durante el kirchnerismo, y los más pobres lo están pagando.
Tal como esperábamos, el Presidente cumplió el primer artículo del inmundo pacto que firmó con su mandante cuando ésta lo designó para encabezar la fórmula y, así, reunir a todo el peronismo bajo su bandera negra, con una calavera y dos tibias cruzadas: lo puso en marcha para satisfacer el principal objetivo de Cristina Fernández: la total impunidad para ella y sus hijos y, eventualmente, extenderla a sus cómplices y testaferros. El primer paso lo dio en el Consejo de la Magistratura, donde pretende revocar las designaciones -en realidad, los traslados- de algunos magistrados a Comodoro Py, casualmente aquéllos que fueron más estrictos en el juzgamiento de la sideral corrupción que encabezó, hasta 2015 nuestra actual y multiprocesada Vicepresidente. En esa prostituida institución, Graciela Camaño, teórico fiel de la balanza entre los dos grandes bloques de consejeros, votó a favor de esa inconstitucional tentativa.
Ésta integra la agrupación peronista que encabeza políticamente Roberto Lavagna; por lo que se vio, ese bloque -y, quizás, también los legisladores de la oposición que responden a gobernadores que serán presionados- favorecerá al Ejecutivo al permitir la formación del quórum necesario para aprobar las leyes que propone; entre otras, y además de la reforma judicial, la moratoria fiscal a medida de Cristóbal López, el ladrón que se quedó con nuestro dinero, que debía ingresar a la AFIP, y lo usó para comprar empresas y medios de comunicación que alineó con el kirchnerismo.
Sería muy engorroso entrar en los detalles de la reforma judicial propuesta y los ríos de tinta que ya corren sobre el tema me evitan hacerlo. Pero resulta imprescindible recalcar que todo esto está organizado para garantizar la impunidad que pretende esta curiosa monarca absoluta que nos hemos querido dar los argentinos, designando a jueces, fiscales y secretarios militantes. Es cierto que la Justicia y los códigos penales y procedimentales que la rigen tienen que ser mejorados, pero eso no justifica, en modo alguno, atropellarla y violarla, maniatarla y corromperla más de lo que ya está. Y hacia allí va esta pretendida reforma "fundacional".
Más allá de las preferencias políticas de cada uno de nosotros, cabe preguntarnos cómo y por qué hemos entregado nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, a un crápula mentiroso compulsivo conducido por una abyecta mujer tan mayor, tan enferma y tan escandalosamente corrupta, ambos capaces de encarar cualquier adefesio anti-republicano e irracional para conseguir sus objetivos de poder, aunque implique demoler la República. ¿Dónde quedaron los redaños de esta nación que, en otros tiempos, supo hacer tanto por sí misma y por sus vecinos?
Usted se pregunta qué puede hacer para evitar que Cristina Fernández logre sus objetivos; por hoy, la respuesta es simple: vaya, y convenza a sus conocidos de acompañarlo, el 17 de Agosto al Obelisco y a todas las plazas del país. Si somos un millón de personas gritando, los obligaremos a oír y obedecer nuestro unánime clamor: "¡Basta!": basta de prepotencia y de avasallamiento, basta de impunidad, basta de infecto-dictadura. Si decide no acompañarnos, por miedo o por desidia, suya será la responsabilidad y con ella deberá convivir el resto de su vida, y explicarlo a su descendencia.
Bs.As., 1 Ago 20
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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