Acaba de ocurrir lo que nuestra Asociación había anticipado y que era lógicamente predecible: se produjeron contagios del Covid-19 en las unidades carcelarias 31 de Ezeiza y 34 de Campo de Mayo, en las que están encerrados los acusados de delitos llamados de lesa humanidad, todos ellos ancianos con una edad promedio de 74 años. Uno de los infectados, Luis Muiña, padece además de diversas patologías, por las que hubo de permanecer internado 15 días en el hospital Larcade de San Miguel.
En el inicio de la cuarentena nos dirigimos al Presidente de la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación reclamando que se instruyera a los jueces para que concedieran la prisión domiciliaria a esta población vulnerable y de alto riesgo, como así también a los Fiscales a fin que no resistieran la medida. No obstante, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, bajo las órdenes del Procurador General, ha continuado oponiéndose, mientras que la mayor parte de los jueces siguieron negando ese derecho con argumentos contrarios a las recomendaciones internacionales, al derecho humanitario y al sentido común.
El Obispo Castrense, Monseñor Olivera, acaba de decir refiriéndose a estos hombres: “Su situación de detención ya no se presenta como justicia. La ausencia de humanidad manifiesta un acto injusto y no pocas veces se parece mucho a venganza.”
Estos jueces son incapaces de deponer sus prejuicios ideológicos ni siquiera en las graves circunstancias que estamos viviendo. Ahora y ante la inminencia de nuevos contagios, que probablemente se convertirán en una tragedia, deben proceder de inmediato a tomar las medidas necesarias para enviar a estos ancianos a sus casas. Si no lo hicieren, serán responsables de cada contagio y cada muerte que pueda ocurrir en la cárcel (Art. 18 in fine, de la Constitución Nacional).
Buenos Aires, junio 24, 2020.
Carlos Bosch Alberto Solanet
Secretario Presidente
