Recientemente se han alzado airadas voces de camaradas que con toda razón se encuentran indignados por esta situación, pero muy pocos lo hicieron a su debido tiempo y ante la justicia. Solo conocemos dos casos: un coronel retirado, hace poco más de un año, que formalizó una denuncia penal ante el juzgado federal de Córdoba, y otro en actividad, jefe de regimiento, que hizo lo propio en Formosa a principios del año en curso.
Nuestra asociación advirtió e hizo público el problema en 2008, y en 2013 presentó un recurso de amparo ante la publicación del DNU 637/13, rechazando la unificación de nuestras obras sociales por tratarse de una INTERVENCIÓN del poder ejecutivo en el manejo de nuestra salud y con nuestros aportes, y una EXPROPIACIÓN de los bienes pertenecientes a los afiliados.
Entre 2018 y 2019 hicimos una DENUNCIA PENAL con sucesivas ampliaciones, basados en pruebas documentadas de las falencias administrativas y la falta de controles adecuados. La misma tramita ante el Juzgado Federal 11, Secretaría 22 bajo el Nº 018826/2018 por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público…”, etc. (arts. 248, 249, 260 y 261 del CPP).
Es importante destacar que la falta de planificación y consiguiente improvisación marcaron las sucesivas administraciones desde el mismo inicio, en junio de 2013, ello sumado a la ineptitud y desinterés de los funcionarios designados por los distintos ministros de defensa, con claro rechazo a la participación de integrantes de las FFAA en la toma de decisiones.
Por el contrario, las autoridades designadas a principios de este año, han evidenciado públicamente su interés y compromiso en la recuperación de nuestra Obra Social, pese a la situación heredada, pero han omitido decir cuándo van a estar totalmente restablecidos los servicios de prestaciones, ni de dónde obtendrán los miles de millones de pesos adeudados.
Sobre un presupuesto de 20.000 millones de pesos, según dichos del Presidente, la cancelación de la deuda significa un considerable aumento de la cuota de afiliación o en su defecto una disminución de las prestaciones, soluciones que recaerán sobre las precarias finanzas de los afiliados, ajenos a toda responsabilidad de esta penosa situación y víctimas de las torpezas y el despilfarro de las sucesivas gestiones anteriores, cuya responsabilidad debe ser perfectamente delimitada.
Planteado el problema, UPMAC está obligada por mandato estatutario, a requerir la adopción de las siguientes medidas:
1. Inmediato restablecimiento en todo el Territorio Nacional del Sistema Integral de Prestaciones de Salud.
2. Saneamiento económico-financiero del Instituto y cancelación de la deuda acumulada, a cargo del responsable institucional de la misma, que no es otro que la Autoridad de Aplicación, quién designó a los responsables de tal situación y tiene bajo su jurisdicción entidades con capacidad financiera.
3. Perentoria determinación de los responsables primarios del caos económico-financiero del IOSFA, mediante la correspondiente auditoría integral y denuncias penales derivadas de las mismas.
4. Concreción y publicación de un Plan tendiente a restablecer un nivel de prestación superior al mínimo establecido por P.M.O., digno de los integrantes de las FFAA y FFSS que han dedicado su vida al servicio de la Patria y de la Sociedad toda.
¡SALUDAMOS A CAMARADAS Y AMIGOS CON LOS MEJORES AUGURIOS PARA QUE LA ANGUSTIA Y AFLICCION PRODUCIDA POR LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO INMEDIATO, NO MELLE EL ESPIRITU DE LUCHA DEL SOLDADO QUE LLEVAMOS DENTRO!
Buenos Aires, 22 de junio de 2020.
MIGUEL ANGEL ARTUSO EMILIO HORACIO GIMÉNEZ
Suboficial Mayor (R) FAA Capitán de Navío (R) VGM
Secretario Vicepresidente 1ro
FRANCISCO RICARDO VERNA
Coronel (R) .
Presidente
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