La desigualdad social
América Latina en general, es la región más desigual del mundo. El 30% de su población (180 millones de personas) es pobre. Las demandas sociales insatisfechas son múltiples, sobresaliendo entre ellas, la falta de infraestructura básica (cloacas, red de gas, agua potable y viviendas dignas), el trabajo informal supera en promedio el 40/50%, con una marcada desigualdad en los ingresos/posibilidades de jubilarse que conlleva, así como sistemas de educación y de salud públicos deficientes o que en el sector privado, por los costos, resultan de imposible acceso.
La inseguridad
También América Latina es la región más insegura del mundo. El flagelo del narcotráfico es sin dudas el principal responsable. Encuentra su caldo de cultivo en la profunda desigualdad social y en la ausencia del Estado en las zonas donde viven los sectores más vulnerables. Este flagelo va de la mano del tráfico de armas y de la trata de personas, así como de la compra de voluntades (por las buenas o por las malas) de parte de las fuerzas policiales y de seguridad, así como también de dirigentes políticos/funcionarios públicos.
La dirigencia política desprestigiada
Los dirigentes políticos, en general, por todo lo expresado anteriormente y por mostrarse distantes de las demandas populares han caído en gran parte de la región en un importante desprestigio. Cada elección presidencial renueva la esperanza temporariamente hasta que, a los pocos meses, esa esperanza se convierte en una nueva decepción, porque la vida de todos los marginados durante varias generaciones sigue sin cambiar. La dirigencia es percibida como una casta que sólo se preocupa por mantener e incrementar sus privilegios. No abundan las actitudes ejemplares, aún en situaciones económicas o sanitarias extremas. A esto se suma, las denuncias/condenas por corrupción de muchos de ellos en toda la región. La defensa corporativa de esos actos de una buena parte de la clase política incrementa el malestar de las sociedades.
Esto repercute directamente en la credibilidad/confianza en las instituciones democráticas. Hay fatiga y desencanto con el sistema. Las encuestas indican que, en promedio, más del 50% se muestra insatisfecho con su funcionamiento. Los intentos de algunos líderes de perpetuarse en el poder a través de trampas, atajos ilegales y/o fraude tampoco son bien percibidos.
El COVID-19, lejos de traer soluciones, impactará muy negativamente en la región. El grado de ese impacto, dependerá de cómo cada país maneje y emerja de la pandemia.
Las consecuencias económicas impactarán más duramente en aquellos países que arrastran graves problemas previos como Argentina y Venezuela (elevada inflación con recesión y gran endeudamiento). Los inevitables aportes estatales para subsidiar a todos los que, con trabajo formal e informal, dejen de recibir/disminuyan su sustento o para mantener cierta actividad en una economía estancada, impactará seguramente en la inflación. El quiebre de empresas (PYMES especialmente), el aumento del desempleo/pobreza y la caída abrupta del PBI serán, casi con certeza, importantes.
Las consecuencias derivadas de las muertes por el virus tendrán directa relación con la antelación con que se tomaron medidas preventivas (cuarentenas y limitaciones a la circulación para evitar la saturación del sistema y reducir el número de contagiados), la preparación/calidad de los sistemas de salud públicos y privados (camas de terapia intensiva/intermedia, respiradores, reservas convocadas/entrenadas de personal sanitario de reemplazo) y finalmente de la capacidad de testear masivamente la detección del virus desde temprano.
Las consecuencias sociales, deberían atenderse prioritariamente. Los cientos de conurbanos de las grandes urbes sudamericanas, donde habitan miles de carenciados hacinados en precarias viviendas con poco acceso al agua potable y que estarán desocupados por el trabajo informal/formal interrumpido, abre la posibilidad cierta de violencia en las calles. Ya sea por hambre y/o por falta de atención médica, debería evitarse la posibilidad de saqueos de supermercados y/u ocupación violenta de hospitales. Un estallido social sería el peor escenario para enfrentar esta pandemia. Los carteles de la droga, sin dudas, intentarán avanzar territorialmente ante un Estado desbordado. Una creciente xenofobia acompañará seguramente el cierre de las fronteras y las pérdidas de trabajo/eventual falta de camas en hospitales, tensando aún más esta delicada situación social.
Finalmente, las consecuencias políticas tendrán que ver con el resultado más o menos exitoso y equilibrado de las tres variables analizadas anteriormente. Dependerán no sólo del número de muertos que deje en cada Nación, sino también del delicado manejo económico-social de sociedades con ¨la mecha cada vez más corta¨, como expresó Grabois en diciembre pasado o lo mostraron, con diferentes grados de virulencia, las sociedades ecuatorianas, chilenas, colombianas, bolivianas y peruanas el año pasado. Las clases dirigentes oficialistas y opositoras deberán dar testimonio claros y concretos de compromiso solidario y ejemplar con sus respectivos pueblos, a los cuales se espera, hoy más que nunca, que les sirvan y los representen. El grito de que ¨se vayan todos¨ que aturdió en Argentina en el 2001, debería ser recordado. Si esto ocurriera, los atajos autoritarios de cualquier signo y las radicalizaciones anti republicanas no tardarían en llegar. Sería el peor final de esta pandemia.
