La Nación dijo que las organizaciones que defienden los derechos de los militares presos por causas de lesa humanidad denuncian que sufren un trato discriminatorio y lo comparan, por ejemplo, con la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Boudou, adoptada por el juez Obligado. Advierten que "sistemáticamente" se niega el mismo beneficio a los detenidos uniformados, que presentan graves problemas de salud y son mayores de 70 años.
El coronel retirado Guillermo César Viola , miembro fundador de la Unión de Promociones , dijo a LA NACION que 2438 uniformados de todas las fuerzas y civiles pasaron por distintas situaciones procesales. Contabiliza allí a los condenados, procesados y fallecidos. De acuerdo con sus registros, actualmente hay 997 condenados , 881 procesados -53 se encuentran en penales comunes- y 560 muertos. "Los fallecidos son el 22,97% del total. Solo 72 tenían sentencia firme y 488 no la tenían", afirmó.
La Unión de Promociones advierte que hay 753 uniformados con prisión domiciliaria y 193 presos en los 19 institutos penales de los servicios penitenciarios de todo el país.
En cuanto a las prisiones preventivas, Viola dijo que 223 militares llevan entre tres y seis años detenidos; 254 están presos desde hace seis a diez años, 156 llevan entre 11 y 15 años presos y otros 33 tienen más de 16 años de prisión preventiva (contabiliza a todos aquellos que no tienen sentencia firme). "Representan una condena ilegal anticipada", dijo Viola.
En marzo pasado, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia envió una nota al procurador general, Eduardo Casal , en la que le pide que el organismo recomiende que "de modo perentorio y urgente" se conceda la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años que están detenidos en unidades carcelarias e integran un grupo vulnerable, ante la pandemia del Covid-19.
Entre los abogados que pugnan por morigerar las condiciones de detención de los militares y miembros de otras fuerzas atribuyen principalmente a la resistencia de los fiscales los persistentes rechazos a los pedidos de detención domiciliaria en las causas de lesa humanidad.
