Entre otros aspectos, la nota señala:
“Quienes suscribimos, en nombre y representación de los Organismos de Derechos
Humanos que lucen al pie, •nos dirigimos a Usted como Presidente de la
Cámara de diputados de la Nación y respetuosamente decimos:
“En ejercicio de nuestro derecho a peticionar a las autoridades de la Nación,
y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional al
Poder Legislativo (art. 75, inc. 22, primer párrafo) venimos a solicitar que se inicien
los procedimientos para que la República Argentina denuncie la Convención firmada
con la Santa Sede el 28 de junio de 1957 creando un Vicariato Castrense
(actualmente denominado Obispado Castrense)1 y se suprima esta institución de
la estructura del Estado.
“Fundamos esta petición tanto en razones de oportunidad mérito y conveniencia,
como en la situación jurídica violatoria de derechos humanos ínsita en la
misma existencia del Obispado Castrense.
“Las reiteradas expresiones del Obispo Castrense Mons. Santiago Olivera en
lo que va del mes de enero de 2020 confirman las razones para que Argentina suprima
de su estructura estatal al Obispado (ex Vicariato) Castrense.
En declaraciones recientes Mons. Olivera afirmó "hay muchos militares presos
injustamente" y adujo haber recibido crucifijos bendecidos por el Papa Francisco
para ser entregados a los presos por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo,
una alta fuente del Episcopado católico al ser consultada sobre las afirmaciones
del Obispo Olivera expresó: "todos los obispos cuando nos entrevistamos
con el Papa al salir del encuentro recibimos una bolsa-con rosarios cómo obsequio,
sin ningún tipo de indicaciones. Cada uno de nosotros sabe y decide a quién tiene
que entregar esos rosarios" .
Estas manifestaciones del Obispo Castrense, discordantes con las políticas
de Estado en materia de Memoria Verdad y Justicia, no pueden ser consideradas
aisladamente, sino en el contexto de la historia institucional.
