Fernández hizo el anuncio –que despertó un cerrado y emotivo aplauso- al hablar en el Congreso durante la inauguración del actual período de sesiones.
“Ha marcado a la sociedad argentina: los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas -dijo el Presidente. Vamos a honrar y mantener viva la memoria del los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos”.
Alberto Fernández confirmó así una decisión que ya había sido adelantada por miembros de su gabinete a los familiares de los tripulantes del submarino hundido.
Según lo recordó el diario digital Infobae, el pasado 10 de febrero, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió en su despacho del piso 11 del edificio Libertador a buena parte de las 44 familias de los marinos que perdieron la vida en noviembre de 2017, cuando el submarino ARA San Juan se precipitó a las profundidades del Atlántico Sur sin que se encuentren aún fehacientemente esclarecidas las razones que motivaron la tragedia.
En aquella ocasión, Rossi les comunicó la intención presidencial de considerar oficialmente como “muertos en acto de servicio” a todos los integrantes de la tripulación militar de la embarcación -tal como lo establece la legislación vigente-, al tiempo que les comunicó que el anuncio se haría en ocasión de la apertura de sesiones.
Infobae recordó que durante el año exacto que transcurrió entre la pérdida de contacto con la nave y su localización a 907 metros de profundidad, los tripulantes de la malograda unidad naval, permanecieron -a todos los efectos- en condición de desaparecidos. Tal situación hizo posible que la Armada Argentina pudiera seguir liquidando los salarios correspondientes a cada uno de ellos de la misma manera en lo hace habitualmente con el resto del personal en actividad de la fuerza. Incluso algunos ascendieron el 31 de diciembre de 2017, por la sencilla razón de que estaban en condiciones reglamentarias de hacerlo.
Un día después de cumplirse un año de su desaparición, el submarino ARA San Juan fue hallado a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia. Al mismo tiempo, se comunicó que el país no tenía ni los medios ni la tecnología para reflotarlo.
La embarcación había desaparecido con sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 y su búsqueda mantuvo en vilo al país durante varias semanas. El caso despertó incluso la solidaridad de varios países del mundo que cooperaron activamente en el intento de localizar el submarino.
En la práctica, la decisión presidencial de ascender a los tripulantes del ARA San Juan tiene dos efectos curiosamente contrapuestos. Por un lado, implica uno de los máximos reconocimientos que la Nación otorga a un militar fallecido, al exaltar su condición de “muerto por la Patria”. Pero lo paradójico es que, de la mano del ascenso post mortem, terminará el pago por parte del Estado Nacional de los sueldos militares tal como se está realizando hasta el presente. En efecto, la Armada Argentina dejará de pagar haberes, y los familiares con derecho a pensión comenzarán a percibir éstas -de un monto obviamente menor- a través del IAF (Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares).
De esta manera, la viuda de un tripulante del San Juan , dejará de percibir el total del sueldo correspondiente al grado de su esposo o pareja, para pasar a cobrar alrededor del 50% de lo que corresponderá al sueldo del nuevo grado que se le concedió al difunto. Además muchos padres o hermanos que en su carácter de “apoderados” perciben hasta el presente los haberes de sus “poderdantes”, dejarán de hacerlo, ya que la pensión se le reconoce sólo a esposos o convivientes y a los hijos. Los padres y hermanos no heredan jubilaciones o pensiones salvo que estuvieran legalmente a cargo del difunto.
Antes del anuncio, Isabel Polo, hermana del extinto cabo primero Daniel Alejandro Polo, en un breve diálogo con Infobae, reconoció - desde el palco especialmente destinado a las familias- que ingresó al recinto quebrada por el llanto y que espera con expectativa el justo reconocimiento que los 44 héroes merecen.
Usualmente, se requiere alrededor de tres años para que la justicia civil transforme la desaparición de un tripulante en servicio en “desaparición con presunción de fallecimiento”. Es recién a partir de este estado civil, que la familia sobreviviente puede iniciar trámites sucesorios y tener acceso a la pensión correspondiente, entre otros trámites.
Si bien el pecio -nombre que reciben los restos de un barco hundido- del San Juan está perfectamente identificado, la imposibilidad de recuperar los cuerpos de los fallecidos, creó un cierto limbo judicial que comenzó a esclarecerse hace algunos meses cuando la justicia expidió el primero de los certificados de desaparición con presunción de fallecimiento.
Fuentes cercanas al presidente Alberto Fernández aseguraron a Infobae que se evalúa el envío al Congreso Nacional de una ley específica que regule una pensión diferencial -similar a la que reciben los Veteranos de la Guerra de Malvinas- a fin de que la fuerte merma salarial que sufrirán las familias de los difuntos sea compensada con un haber complementario y que también los padres de los 44 tripulantes reciban una compensación. Actualmente las pensiones de guerra a nivel nacional rondan los $ 48.000 mensuales.
