El 21 de diciembre pasado inició en el Hospital Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentra alojado, una huelga de hambre y medicamentos que pretende llevar hasta su muerte. Con ella quiere denunciar la permanente violación de los derechos constitucionales a la que es sometido él y todos los acusados de supuestos crímenes de "lesa humanidad".
A De Marchi no se le respetan los derechos y garantías de las que goza cualquier argentino. Ha excedido ampliamente el régimen de prisión preventiva, pese a lo establecido por el código procesal, y no se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria para adultos mayores.
El dice que no busca su excarcelación, sino solamente que se cumpla la ley para todos los "presos de lesa humanidad".
De Marchi, que no es abogado, ejerce su defensa en forma personal, a veces en contra de la defensa técnica que le impusieron. Su abogado defensor, de oficio, es el doctor Esteban Chervin, y tiene un defensor coadyuvante a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.
Su riesgoso ayuno, discutible como medida de fuerza y atribuible sólo a su desesperación, va por el vigésimo cuarto día en medio de una casi completa indiferencia general, que no es total gracias a la solitaria preocupación de su familia, y de Claudio Kussman, autor del blog "Prisionero en Argentina", quien dio a conocer el caso.
La esposa de De Marchi, Vicenta, habló con funcionarios del nuevo gobierno, como el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También con Miguel Angel Pichetto, entre otros. Hasta ahora no se conocen declaraciones de ninguno de ellos.
El detenido no se deja atender por médicos, ni sacar sangre, ni practicar ningún análisis, excepto que controlen su peso. Dice que no tiene sentido porque su decisión es morir denunciando esta ignominia a la que ha sido sometido. Ya perdió 15 kilos, tiene las pupilas y la boca reseca, no puede leer y siente debilidad.
En una entrevista con el citado blog corroboró que nadie fue a visitarlo. Ni desde el Ejército, ni desde la Cruz Roja, ni desde el juzgado de Lomas de Zamora que tiene jurisdicción sobre el Hospital Penitenciario de Ezeiza, ni desde el Ministerio de Justicia o la secretaría de Derechos Humanos. "Nosotros somos considerados subhumanos", expresa. Sí, en cambio, lo han visitado camaradas nucleados en la Unión de Promociones, así como integrantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Recientemente, las autoridades se mostraron preocupadas por la prolongación de las prisiones preventivas, pero sólo tenían en mente a los políticos presos por corrupción. Sin embargo, en la actualidad hay dos mil presos por la guerra contrarrevolucionaria de los años 70, muchos de ellos con preventivas que exceden los diez años, y nadie habla de ellos.
La realidad argentina avergüenza: existen dos sistemas judiciales para distintos tipos de ciudadanos, un caso único en el mundo occidental. En nuestro país la llamada "política de derechos humanos", que es ideológica, reemplazó a la Justicia. El resultado son estos juicios de la venganza.
Poco importa de qué lo acusan a De Marchi; igual será culpable. Los abogados que han ido a verlo afirman que su caso, como el de tantos otros, no es jurídico sino político, y como tal sólo puede tener una solución política.
Aunque ver cómo se consume la vida de un ser humano causa angustia y desesperación, el relato ideológico sobre nuestro pasado ha calado tan hondo en algunas personas que es difícil esperar en ellas la compasión. Gustavo Ramón De Marchi ya habla con dificultad, le cuesta vocalizar, pero eso no estremece a nadie. Es lo que se llama "política de derechos humanos".
