La SIGEN también advierte sobre las presuntas irregularidades en la liquidación de vacaciones no gozadas correspondientes a autoridades superiores que renunciaron y después fueron recontratadas como monotributistas.
Otro descubrimiento fue la "errónea" liquidación de las cargas sociales de sus empleados "que llevaron a sucesivas declaraciones juradas rectificadas ante la AFIP" y el consiguiente "pago de intereses punitorios"; y hasta violaciones injustificadas de "mecanismos de compras" y la contratación de un banco de capitales privados para depositar el pago de haberes en vez del Banco Nación "como se debería haber implementado".
Estos descubrimientos podrían terminar siendo investigados en la Justicia federal.
El informe de auditoría sobre la "aplicación de fondos 2017", al que Infobae accedió de manera exclusiva, es uno de los primeros trabajos de la SIGEN que involucra a la actual administración nacional a cargo de Cambiemos.
La Sindicatura General de la Nación está cargo del abogado Alberto Gowland y depende directamente de Presidencia de la Nación.
Hasta asumir en el organismo de control del Estado, Gowland se desempeñó como subsecretario de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos del ministerio de Educación de la Ciudad, de ahí su buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, precisó Infobae.
El informe final sobre la auditoría a la Universidad de la Defensa Nacional fue elevado al ministerio de Defensa en julio pasado y aún no fue respondido ya que está en estudio.
La situación no es sencilla. Las severas falencias detectadas por la SIGEN involucran a dos ministros de una misma área, puntualizo el periódico.
Sucede que el primer ministro de Defensa de Mauricio Macri fue el actual senador radical Julio Martínez quien asumió esa cartera el 10 de diciembre de 2015 y dejó el cargo el 17 de julio de 2017.
Fue reemplazado por el actual ministro Oscar Aguad. Es decir que ambos comparten buena parte de los desaguisados descubiertos por los auditores.
Algo similar a lo que sucede cuando se habla de la desaparición del submarino ARA San Juan que zarpó por última vez el 15 de noviembre de 2017, es decir a cuatro meses de asumir Aguad, pero con las aprobaciones sobre tareas operativas y de mantenimiento de la gestión de Martínez.
Si bien el rector de la casa de altos estudios es el abogado Gonzalo Álvarez, el Consejo de Dirección de la Universidad de la Defensa Nacional, según lo refleja el propio informe de la SIGEN, está presidido por el ministro de Defensa, quien es el que "toma las resoluciones con el asesoramiento de los demás integrantes de la dirección de la UNDEF, los secretarios del ministerio de Defensa, el rector de la UNDEF, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Armadas, y los jefes del Estado Mayor del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Armada".
La UNDEF no es como cualquier otra universidad pública que se maneja de forma autárquica. La Universidad de la Defensa Nacional, que fue creada por la ley 27.015, está ubicada, según el artículo 4 de esa normativa "en el ámbito del ministerio de Defensa de la Nación".
Por esa razón, las autoridades no pueden disponer a su solo parecer de las partidas presupuestarias que le gira el propio ministerio y que emanan del presupuesto de esa cartera y por ende del impuesto que pagan los ciudadanos.
Poca transparencia
Uno de los principales cuestionamientos de la SIGEN hacia la Universidad de la Defensa Nacional es que el rector de la UNDEF, el abogado Gonzalo Álvarez, "autoriza la adquisición de 20.000.000 pesos en letras del banco Central de la República Argentina (LEBACS) para la licitación del 31 de enero de 2017".
Para la operación, la UNDEF abrió una cuenta corriente en el Banco Nación Sucursal Florida. La compra de LEBACS como viene ocurriendo durante la administración de Cambiemos, le resultó beneficioso. Por una tenencia de 42 días "obtuvo una renta de 520.000 pesos".
Sin embargo, la SIGEN no cuestiona la buena o mala inversión conseguida en la "timba financiera", sino la competencia que esta tenía para "trasferir fondos" que debían "ser aplicados" para otros fines, en este caso académicos.
Y para colmo de males, los auditores fueron tajantes al advertir que "tampoco se llevó a cabo el procedimiento previsto" a través del cual las autoridades de la Universidad y del ministerio de Defensa "antes de realizar cualquier inversión" debían "requerir la opinión previa de la Tesorería General de la Nación".
Es más, los auditores recalcan que "los fondos fueron asignados por el ministerio de Defensa con un fin específico, el que fue desvirtuado con una colocación financiera por lo que, en casos como el planteado, los mismos deben ser restituidos a la jurisdicción de origen", hecho que hasta el momento no sucedió.
Pero, ¿por qué razón la Universidad disponía de ese volumen de dinero? Los peritos de la SIGEN encontraron la respuesta a poco de examinar los registros contables.
Se utilizaron –afirman- "remanentes de ejercicios anteriores de los cuales el 97% ($ 18.500.000) corresponden a un refuerzo solicitado al ministerio de Defensa para gastos asociados al proyecto del Observatorio de la Defensa en el ámbito de la UNDEF", que fueron pedidos a través de la resolución número 469 del año 2.016.
El estudio que realizó la SIGEN sobre las tareas desarrolladas sobre esta universidad y las metas cumplidas hacen dudar de su eficiencia como centro de capacitación para altos oficiales de las Fuerzas Armadas o del exterior que vienen al país.
Durante el año 2017, es decir durante la gestión compartida entre los ministros Martínez y Aguad, la "UNDEF ejecutó solamente el 9,35% de los fondos transferidos por la secretaría de Políticas Universitarias y el 19,63% de los fondos transferidos por el ministerio de Defensa" que en total suman un volumen de más de 60.000.000 pesos.
Siempre de acuerdo al relato de Infobae, si el ministro de Economía, Nicolás Dujovne está atento, advertiría que casi el 70% de esa masa de dinero podría ser "recortada" para achicar los gasto del Estado en esta época de vacas muy flacas.
Al ser consultado por Infobae sobre la irregular adquisición de LEBACS por parte de la Universidad bajo su responsabilidad, el ministro Aguad, respondió: "El tema se está investigando en un sumario en el ministerio. El tema es complejo, no puedo opinar porque soy la autoridad de la aplicación de las normas administrativas".
–Lo consulto porque la propia SIGEN destaca que usted está al frente del Consejo de la Dirección de la Universidad.
–Sí, pero esos hechos (por la compra de las LEBACS) se hicieron durante la gestión anterior a mí llegada al ministerio. Lo que tengo que investigar es la auditoría de la SIGEN y resolver esos hechos que están fuera del alcance del Consejo de la Universidad.
Aguad no lo dice pero cuando se refiere a la "gestión anterior", no habla del kirchnerismo sino la de su inmediato predecesor Julio Martínez.
Controles débiles
Pero esto no es todo. Los síndicos también escribieron en su informe que: "Del análisis realizado con la finalidad de evaluar la aplicación de fondos del ejercicio 2017, la solidez y debilidades del control interno en el proceso de aplicación y registros de los recursos (…) se advierte la existencia de deficiencias de control interno que afectan la calidad, transparencia, eficacia y la eficiencia de su gestión".
Es más, los auditores Manuel Héctor Otero y María Ana Fernández, en el "informe analítico" destacan que "de las tareas de auditoría realizadas –sobre la aplicación de fondos provenientes de las trasferencias efectuadas por el ministerio de Defensa y la secretaría de Políticas Universitarias a la Universidad de la Defesa Nacional, durante el año 2017 (Martínez-Aguad)- surgen acciones no compatibles con la existencia de un adecuado sistema de control interno, no solo por la ausencia de registraciones confiables respecto del movimiento de fondos, sus aplicaciones en gastos y contrataciones, liquidación de haberes y honorarios, rendiciones de cuenta y devolución de sobrantes, e incumplimientos normativos".
También destacaron que existió por parte de las autoridades, "discrecionalidad en el empleo y rendición de los recursos presupuestarios trasferidos por el ministerio de Defensa y la secretaría de Políticas Universitarias".
Sistema bancario indebido
La SIGEN también cuestionó que las autoridades de la Universidad para la Defensa contratase a través de una licitación al banco privado Santander Río para atender el "servicio de pago de haberes de los agentes mediante sistema bancario" cuando el decreto 1187/2012 establece claramente que la UNDEF debería implementar el pago de haberes al personal mediante el Banco de la Nación Argentina a través de la apertura de cajas de ahorro común".
Para peor, y en un hecho que debería ser investigado a fondo, los contadores de la SIGEN establecieron que "como consecuencia de la contratación del Banco Santander Río para un servicio de pago de haberes y honorarios, se verificó en esa institución la apertura de dos cuentas bancarias una de las cuales mantuvo mensualmente un saldo promedio, desde su apertura y hasta el cierre del ejercicio 2017 de 18.130.000 pesos superando los montos de acreditación de los haberes y honorarios mensuales previstos".
¿A qué corresponde ese dinero de más allí depositado? Para esa pregunta al menos hasta ahora no hay respuesta.
Liquidaciones indebidas
Pero hay más. La auditoría también determinó que "se observó en agosto de 2017 la liquidación y pago de vacaciones no gozadas correspondientes al año 2016 de autoridades superiores por 292.396 pesos y que siguen vinculadas con la universidad".
En total son siete funcionarios con cargos de "secretario", que renunciaron a los puestos el 28 de julio de 2016 pero fueron contratados nuevamente "bajo la modalidad del régimen de contrato de servicio para desempeñar funciones en el Observatorio de la Defensa Nacional -la misma área de donde se desviaron los 20.000.000 pesos para adquirir las LEBACS-".
Según la SIGEN este hecho "puede configurar un desvío a las buenas prácticas de gestión, la liquidación y pago de estas licencias no resultarían procedentes al no existir una desvinculación real de la universidad".
El informe de auditoría de 66 carillas abunda en otras falencias e irregularidades como la contratación de servicios tanto de locación de obras como de servicios "sin justificar" que forman parte de los más de 63.000.000 pesos analizados y que podrían formar parte de distintos "conceptos" como el "programa conflictos armados" o el "programa de estudios cambio climático", solo por nombrar a dos.
Sobre algunos de estos y otros programas los auditores detectaron, por ejemplo la "inexistencia de informes de desempeño" de los presuntos docentes contratados y hasta la "falta de especificación del lugar donde se ejecutaron las tareas".
Como se ve, si existe voluntad, hay mucho para investigar sobre esta Universidad de la que poco se conoce.
