El primer gran problema es el económico, habida cuenta de la substancial diferencia de haberes entre el personal de Gendarmería, como de otras fuerzas equivalentes, con relación, a los de sus camaradas militares y que en número promedian un cincuenta por ciento más.
El segundo es el logístico. El Presidente quiere en una primera etapa mil militares en la frontera. El problema es como movilizarlos en un contexto donde se carecen de transportes terrestres, y ni hablar de medios aéreos para operaciones de despliegue rápido, como tampoco infraestructura y alojamiento.
El tercero es el jurídico, toda vez que se deberán modificar aspectos substanciales de las normas de seguridad interior instrumentadas en su momento por la ex ministra kirchnerista Nilda Garré, que vedan la participación militar en acciones directas o indirectas de seguridad interna.
Un ejemplo simple: en el supuesto que narcotraficantes embosquen un camión del Ejército transportando una patrulla de gendarmes, pero que en la práctica involucren también a efectivos que conduzcan el vehículo con muertos y/o heridos y la consecuente intervención judicial. Al día de hoy él o los militares involucrados van a la cárcel como por un tubo porque de hecho violan la ley. La sucesión de ejemplos es nutrida como compleja y así varios mandos plantearon el problema primero ante su jefe de Estado Mayor y luego a las autoridades políticas.
La impresión general es que desde la Casa Rosada se quiere lograr un golpe de efecto para amortiguar otras complejas situaciones de gestión, pero recién está todo por hacerse.
