A la protesta, que incluyó la irrupción de delegados gremiales en la antesala del despacho del jefe de gabinete del ministerio, Raúl Ripa, y destrozos en dos puertas, siguió una movilización frente al Edificio Libertador, en la que el gremio de agentes estatales reclamó la reincorporación del personal desafectado.
Hasta el momento, los contratos dados de baja serían unos 13, aunque el secretario general de ATE, Hugo Godoy, denunció que podrían multiplicarse. "Las cesantías podrían ser más, ya que en el Ministerio de Defensa hay más de 100 trabajadores precarizados a partir de contratos con varias universidades nacionales."
Según pudo saber LA NACION, los desplazados son profesionales que cumplen tareas en distintas dependencias y no están incorporados a la planta permanente del ministerio. Mientras algunos contratos se habrían originado en la reciente gestión de Julio Martínez -también radical y antecesor de Aguad-, la mayoría se arrastran del gobierno kirchnerista, tanto de la administración de Agustín Rossi como de Arturo Puricelli.
Fuentes castrenses consultadas por LA NACION indicaron que muchos de los contratados no cumplían tareas específicas en el ministerio. Deslizaron, además, que la situación no fue corregida durante la gestión de Martínez y que Aguad tomó la decisión de revisar los contratos y dar de baja los casos en que no se verifica una prestación efectiva.
El cese de los contratos se da en momentos en que Aguad analiza una modificación en la estructura orgánica del ministerio, con el propósito de reducir el aparato burocrático. Fuentes castrenses no descartaban la posibilidad de que el ministro decidiera fusionar áreas, en sintonía con la decisión oficial de achicar el déficit en el Estado. De todos modos, se estimaba ayer que las posibles reformas se ejecutarían después de las elecciones de octubre.
