El máximo tribunal, en un fallo firmado por sus cinco integrantes, rechazó sendos planteos formulados por los querellantes y por los fiscales para causas por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira. Los pedidos apuntaban a que la ex mandataria declarara como testigo o como imputada por haber ordenado en 1975 el operativo que se inició ese año y terminó durante la vigencia del régimen militar.
La ex jefa de Estado tiene 86 años y vive recluida en Madrid desde hace unas tres décadas. El Ministerio Público, mediante un dictamen sostenido por el fiscal general Ricardo Weschler, había pedido la declaración de la ex presidenta como “partícipe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló” y pidieron que fuera imputada “por haber firmado el decreto N° 261 de 1975 (que puso en marcha el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión”.
Pero la Corte consideró que el planteo “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y, en consecuencia, rehusó intervenir –por ahora- en el caso.
