A fines de octubre, Milani se presentó ante el magistrado y repitió los argumentos que ya había dado públicamente y en escritos ante la Justicia, para negar haberse enriquecido de manera ilícita durante su paso por la función pública.
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La la resolución del juez Rafecas de más de 500 páginas, fundamenta su decisión en un peritaje que comprobó que el militar no justificó, al menos en parte, la compra en junio de 2010, de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000.
La causa se inició a mediados de 2013, a partir de la cual Rafecas ordenó la realización de informe patrimonial preliminar de Milani, a cargo de la División Delitos Económicos de Prefectura Naval, que fue entregado en octubre de 2014.
Y en junio de 2015, el fiscal Jorge Di Lello requirió la intervención técnica de la PROCELAC, organismo éste que entregó su informe final en febrero de 2016, a partir de la cual Rafecas dictó las indagatorias de Milani y Barreiro, quienes ahora están procesados.