El análisis es consecuencia de un pedido por escrito que le hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su colega de Defensa, Julio Martínez. Busca poder destinar unos 1.200 miembros de la Gendarmería, que se encargan actualmente de esas tareas sobre los objetivos estratégicos, al patrullaje el Gran Buenos Aires en el marco del plan de seguridad interna del Gobierno, una de las prioridades del macrismo.
Martínez contestó que tiene “tropas listas” para pasar a custodiar esos objetivos pero que primero necesita que le den “cobertura legal” a la decisión, revelaron a Clarín fuentes gubernamentales. El ministro de Defensa no quiere cometer “la misma irresponsabilidad” -señala- que hizo el ex jefe del Ejército general César Milani, con el aval del gobierno de Cristina Kirchner, de mandar a patrullar a militares las fronteras sin ningún respaldo legal. Una de las primeras medidas que tomó Martínez cuando asumió fue replegar esas tropas.
Los militares custodiarían objetivos como las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II o la represa hidroeléctrica de El Chocón “con la lógica de la custodia de un cuartel militar”, explicó una fuente oficial.
Las fuentes subrayaron “de ninguna forma esto supone poner a las fuerzas armadas en temas de seguridad interna o policiales y menos en la lucha contra el narcotráfico”.
Se trata de “buscar un DNU o alguna interpretación nueva de las leyes de Defensa y Seguridad” que se sancionaron en los años ochenta cuando, por ejemplo, Gendarmería dependía del Ejército y Prefectura de la Armada y existía un mismo ministerio de Defensa y Seguridad.
Otro camino para liberar gendarmes, que sí están autorizados por ley a interventir en temas de seguridad interna, es reemplazar a aquellos que integran misiones de paz de la ONU o expediciones a la Antártida por militares. Aunque esto sería otra medida complementaría al DNU sobre los objetivos estratégicos.
Paralelamente, Martínez estudia la posibilidad de pedir un cambio al decreto 727 del 2006 de la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que reglamentó la ley de Defensa. En uno de sus artículos dice que “el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado”. En fuentes de Defensa se estima que ese párrafo es restrictivo y desactualizado. “Quiere decir que si hipotéticamente mañana un pelotón de la Jihad Islámica del Hezbolla ataca Posadas con morteros y bombas ¿no se podrá repeler con las FF.AA porque no hay un estado por detrás de la Jihad?”, se preguntó una fuente. Las fuentes subrayaron que no se trata de usar a las FF.AA para luchar contra el terrorismo como impulsa el comando sur de los Estados Unidos. Pero, cómo dice el ex ministro de Defensa Horacio Juanarena “la respuesta del estado argentino debe ser proporcional a la magnitud del ataque”. Pero la modificación del decreto de Garré no está por ahora entre las urgencia de Martínez.
Es de esperar que este DNU por el cambio de guardia de los objetivos estratégicos no siga la misma suerte que el proyecto de decreto que el presidente Macri iba a anunciar el 20 de octubre con bombos y platillos para reforzar los controles en las fronteras argentinas que son un colador. Este proyecto ya estaba redactado, pero por una interna sobre quién pasaría a controlar la dirección de Fronteras si Seguridad o el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quedó empantanado en otro anuncio de buenas intenciones.
