Un ser humano de 90 años está sentado en el banquillo de los acusados con prisión preventiva desde 2013, imputado de delito de lesa humanidad, que se dice cometido en septiembre de 1978 durante la guerra contra el terrorismo, consistente en la privación ilegal de la libertad y posterior cautiverio de Patricia Roisinblit y su pareja José Pérez Rojo, cuyos parientes reconocieron con orgullo que eran terroristas montoneros. Ambos se encuentran desaparecidos.
Se trata del brigadier general (RE) Omar Graffigna, miembro de la segunda junta militar que gobernó el país desde marzo de 1976. La medida la dictó el juez federal Daniel Rafecas que lo responsabilizó por su condición de jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Graffigna ya había sido juzgado como miembro de la Junta Militar del gobierno de facto, pero fue absuelto.
¿Será necesario insistir en que estos juicios mal denominados de “lesa humanidad” son inconstitucionales y arbitrarios y que constituyen una flagrante violación de importantes principios procesales fijados en tratados internacionales subscriptos por nuestro país? De ser cierta la comisión de tales delitos, ya estarían prescriptos ya que la ley que prescribe su imprescriptibilidad fue posterior a los hechos imputados, promulgada en 2003, y en cuyo articulado se establece, irónicamente la expresa prohibición de su aplicación retroactiva.
Es tan vergonzoso el total desprecio de la legislación, con el perverso propósito de ejercer venganza, que resiste todo análisis jurídico que los jueces y fiscales “contratados” se cuidan bien de ignorar, para llegar al cumplimiento de la orden dictada por el Poder Ejecutivo, consistente en que la única sentencia será la condena.
La parte querellante la conforman los parientes de Patricia y Juan Manuel, supuestamente desaparecidos y el gobierno bonaerense en la persona del secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, recientemente designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al hacerse cargo de la función expresó textualmente: “El Estado bonaerense a través de esta secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia. No habrá marcha atrás con estos temas.”
Se da la curiosa coincidencia de que estas últimas siete palabras de la declaración fueron también pronunciadas por el presidente de la Corte Lorenzetti, delante del presidente Macri y por por Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, en nombre del presidente.
Queda por tanto firme la política kirchnerista de la memoria, verdad y justicia, con el sesgo remanido que rige para unos y no para todos, es decir, tuerta, renga y manca.
Las dos secretarías de los derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su promesa electoral de “terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus propias palabras.
La gran importancia institucional que transpira de estos juicios circenses que llevan a la tortura y a la muerte de nuestros presos políticos, la mayoría de ellos héroes durante la guerra de las Malvinas, no nos impide ahondar en la visión panorámica de la traicionera política que nos rodea.
Gran intérprete el periodismo que calla y habla conforme a los “interese creados”, al decir de Jacinto Benavente, que ahora solloza por la carestía de la vida que hiere a los más vulnerables, que critica desbocadamente políticas laborales del gobierno, que en aras de la empalagosa independencia periodística se complace en dar cabida en sus notas y reportajes a los causantes de la anarquía y corrupción por ellos dejadas, a la entronización de los sinuosos gatopardistas, adalides de la mercenaria política ejercida con una prodigiosidad digna de mejor causa, y por qué no nombrar a algunos de ellos como Massa, Bossio, casualmente ambos ex ANSES, Pichetto, Alberto Fernández
Con el mayor respeto, reconozcan señores periodistas que el tema encarado en este breve pero sincero artículo, es totalmente ignorado y silenciado en vuestros prestigiosos medios y que sólo pudimos leerlo en costosos espacios de carta abierta.
En los diarios de (por el 5 de mayo) se publicó esta noticia referente al juicio del ex Brigadier Graffigna, con un conmovedor acápite que decía: “Resultaba conmovedor observar a esa mujer de 96 años descender de un taxi y, ayudada por su nieto, ingresar a paso lento a la sala de audiencias de los tribunales de San Martín, donde ayer comenzó el juicio oral en el que se juzgará a los imputados por la desaparición de su hija y su yerno en tiempos de la última dictadura militar. Esa mujer, Rosa Tarlovsky de Roisinblit, es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.”
Crónica por cierto muy conmovedora, pero olvidaba a ese anciano de 90 años subiendo a un banquillo para afrontar dignamente una injusta acusación viciada por la ilegalidad, la venganza y la política terrorista, avalada por mercenarios magistrados. Ese anciano también tiene familia que sufre como la anciana del relato. Al igual que con los derechos humanos, él no participa.
