Fuentes judiciales informaron a Infobae que el abogado de Rucci, Miguel Angel Pló, le pidió al juez federal Ariel Lijo que cite aindagatoria a Mario Firmenich, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Ernesto Jauretche porque "podrían resultar presuntos autores intelectuales y/o materiales del asesinato de Rucci". La querella basó su pedido en "numerosos testimonios" que "reconocen la responsabilidad de Montoneros en la perpetración del asesinato".
Citó los casos de Albertina Paz, Carlos Flaskamp y Alejandro Peyrou, quienes declararon en la causa y señalaron que tuvieron conocimiento de que Montoneros mató a Rucci. Paz declaró que su marido, Fernando Saavedra, le contó que había sido "designado para estar en la operación y que él estaba en desacuerdo".
Cuando Rucci fue asesinado, Firmenich y Perdía integraban la Conducción Nacional de Montoneros; Vaca Narvaja era el responsable político militar de la organización; y Jauretche era subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de la provincia de Buenos Aires y presunto responsable de la logística del crimen.
La querella sostiene que Jauretche fue la fuente principal del libro Operación Traviata, de Ceferino Reato, en el que cuenta que Montoneros contó con apoyo del gobierno bonaerense, entonces a cargo de Oscar Bidegain.
La querella calificó de "indispensable indagar a quienes, producto de números testimonios, podrían resultar presuntos autores intelectuales y/o materiales del asesinato de José Ignacio Rucci".
Rucci fue asesinado de 25 balazos el mediodía del 25 de septiembre de 1973 cuando salía de su vivienda de la avenida Avellaneda 2953, en Flores.
Su crimen fue conocido como "Operación Traviata", en macabra alusión a la publicidad de una galletita, que en la época del hecho se promocionaba como la que tenía "23 agujeritos". Rucci era un alfil del armado político de Juan Domingo Perón, quien dos días antes del asesinato del dirigente sindical había ganado las elecciones presidenciales con casi el 62% de los votos.
El crimen de Rucci tuvo tres causas judiciales, todas cerradas, y en 2008 se inició una nueva a pedido de la diputada Rucci y de su hermano Aníbal.
El juez Lijo sostuvo en agosto de 2008: "Existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de que en la decisión de llevar adelante el hecho participaron miembros de la agrupación Montoneros, como así también de la organización denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)".
Pero el magistrado cerró la causa porque después de 40 años "son escasos los elementos probatorios" para hacer imputaciones y que la causa estaba prescripta ya que no era un caso de lesa humanidad.
Pero la Cámara Federal revocó en diciembre de 2012 esa decisión y le ordenó al juez Lijo profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.
