Ello en el marco del, actualmente derogado, Código de Justicia Militar (CJM). Unos 20 militares eran investigados por el delito de fraude militar. Los procesos objeto de este caso ocurrieron durante el período de 1978 a 1980 y resultaron en la detención de aproximadamente 50 oficiales militares que estaban a cargo de fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina.
“Veinte de ellos son víctimas del presente caso”, explicaron desde el organismo internacional. La CIDH sometió a la jurisdicción de la Corte IDH los hechos y violaciones de derechos humanos en que incurrió el Estado por la violación del derecho a la libertad personal de las víctimas al mantenerlas en prisión preventiva por un período excesivo y la violación del derecho a ser juzgado con las debidas garantías en un plazo razonable.
