Por Redacción publicado por www.misionesonline.net
Efectivos de seguridad federales se manifestaron el 2 de abril en Buenos Aires para visibilizar ingresos insuficientes, dificultades para sostener económicamente a sus familias y problemas en la cobertura de salud. Afirman que en general tienen ingresos muy bajos, los que ni siquiera se acercan al millón de pesos, en las jerarquías iniciales.
El pasado 2 de abril, mientras en todo el país se realizaban diversos actos en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas, efectivos de fuerzas federales de seguridad (algunos activos) o sus familiares y en su mayoría retirados (que ya no tienen temor a sanciones disciplinarias) se concentraron en las inmediaciones del Edificio Centinela, sede central de Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro, para exponer una situación que, aseguran, se volvió insostenible: salarios que no alcanzan frente al costo de vida, condiciones laborales exigentes y un sistema de salud con falencias crecientes.
Durante la manifestación, quienes tomaron la palabra insistieron en que el reclamo no tenía un trasfondo político, sino que respondía a una necesidad concreta de visibilizar la realidad económica del personal. “No es una protesta política, es una necesidad”, remarcaron, al describir que muchos efectivos se ven obligados a buscar ingresos adicionales fuera de su jornada laboral.
Salarios que no alcanzan
Los datos disponibles reflejan una estructura salarial que, en muchos casos, queda por debajo de las necesidades básicas. En Gendarmería Nacional, por ejemplo, un efectivo recién egresado que presta servicio en Buenos Aires percibe alrededor de $650.000 mensuales, mientras que un cabo primero con 11 años de antigüedad puede ubicarse entre $900.000 y $1.100.000.
En tanto, un sargento con 18 años de servicio ronda los $1.200.000 en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que puede ascender a unos $1.500.000 en destinos como Posadas, donde existen adicionales por zona. Estos valores incluyen un incremento reciente cercano a los $13.000, considerado insuficiente frente a la inflación acumulada.
En el caso de Prefectura Naval Argentina, los salarios actualizados muestran que un marinero percibe alrededor de $853.491, mientras que un cabo primero supera el millón de pesos y un ayudante principal alcanza aproximadamente $1.512.011. En los rangos superiores, un prefecto ronda los $1.931.203 mensuales.
A pesar de estos montos, desde las fuerzas señalan que los ingresos han perdido poder adquisitivo de forma sostenida en el último tiempo, en el caso de la Gendarmería hablan de una caída en torno al 40%, especialmente en un contexto de suba en los gastos en alimentos, alquileres, transporte y servicios.
Pluriempleo y desgaste
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la necesidad de complementar ingresos. Según expresaron durante la protesta, es cada vez más frecuente que efectivos, de todas las fuerzas federales de seguridad, así como de fuerzas armadas, trabajen en aplicaciones de transporte u otras actividades informales en sus horas libres.
Esta situación no solo implica un desgaste físico adicional, sino que también genera tensiones en la vida familiar. Las jornadas laborales en las fuerzas de seguridad no siempre son previsibles: los horarios pueden modificarse en función de operativos, traslados o necesidades del servicio.
Esa falta de estabilidad dificulta la organización familiar y, en muchos casos, limita las posibilidades de que las parejas puedan insertarse en el mercado laboral, ya que deben asumir el cuidado de los hijos ante la ausencia de rutinas fijas.
Salud y cobertura en crisis
A la problemática salarial se suma otro factor que profundiza el malestar: el acceso a la salud. Los efectivos advierten un deterioro en la calidad de atención, vinculado al funcionamiento de la obra social.
Hasta fines de marzo, la cobertura estaba unificada bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Sin embargo, recientemente se dispuso su división en dos estructuras diferenciadas: una para el personal militar y otra para las fuerzas de seguridad.
En este contexto denuncian demoras, dificultades en la atención y falta de prestaciones, lo que agrava la situación de quienes dependen exclusivamente de este sistema para la atención médica propia y de sus familias.
Un reclamo que se repite
La protesta frente al Edificio Centinela volvió a poner en agenda una problemática que no es nueva, pero que se intensificó en los últimos meses: la pérdida del poder adquisitivo en las fuerzas federales, combinada con condiciones laborales exigentes y un sistema de salud en crisis.
Los efectivos remarcaron que el objetivo es abrir un canal de diálogo y lograr una actualización salarial acorde al contexto económico, que les permita dedicarse plenamente a su función sin necesidad de recurrir a trabajos adicionales para sostener a sus familias.
