Editorial publicado por www.lanacion.com.ar
La idoneidad, probidad y honestidad de los jueces del máximo tribunal son condiciones indispensables para las inversiones y el crecimiento económico
Desde que se conoció la nominación del juez Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rechazo se hizo oír incluso en amplios sectores vinculados al Poder Judicial, con excepción de algún nicho dentro de los tribunales, hogar de lo más rancio de la casta que denuncia el presidente Javier Milei. No ha habido prácticamente pronunciamientos a su favor y sí, en cambio, decenas de justificadas críticas y advertencias sobre su incapacidad y su carencia de méritos e idoneidad moral para ocupar tan elevada responsabilidad en la Justicia, como señaláramos reiteradamente desde este espacio.
La notoria insuficiencia de sus antecedentes académicos, el derrotero de sus decisiones judiciales, sus convenientes demoras, cuando no la indefinida postergación de las investigaciones, las fundadas sospechas de enriquecimiento patrimonial se mezclan con las actividades de su hermano “operador judicial”, confirmando que no se trata de un candidato lógico para la Corte.
Existen muchas y variadas facetas negativas en esta nominación, pero hay una que no se ha subrayado debidamente: se trata del impacto desfavorable que una eventual designación tendrá en la percepción y evaluación de riesgos que harán quienes analicen inversiones importantes en nuestro país. Se trata de una muy llamativa omisión, sobre todo si se considera la profesión de economista del presidente de la Nación.
Los magistrados tendrán mandatos que excederán los plazos de las autoridades ejecutivas y legislativas, motivo por el cual constituyen para los inversores la principal garantía de protección del derecho de propiedad
Las certezas que ha de generar el sistema legal de un país van en directa relación con su capacidad para atraer inversiones. La falta de confianza en los jueces, como bien señalan la OCDE y todas las organizaciones económicas internacionales, atenta contra la actividad económica. Cuando los jueces que integran el Poder Judicial, mucho más aquellos que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, responden a un gobierno y se vuelven influenciables, la garantía de amparo real de la ley se diluye, afectando a las personas y a sus patrimonios.
Toda inversión, sea en instrumentos financieros (títulos, bonos, acciones), en activos físicos (campos, inmuebles, maquinaria, vehículos) o en talentos (trabajo intelectual y conocimiento), será evaluada primariamente por el flujo de ingresos que se espera que genere en el tiempo. Dicho flujo no dejará de ser una estimación con márgenes de error e incertidumbre. Además de los riesgos propios del negocio que se esté evaluando, los factores de costo y los probables altibajos de la demanda, sumados a posibles reacciones de la competencia y estabilidad o inestabilidad del marco macroeconómico general, hay otros riesgos cuya importancia crecerá con la magnitud de la inversión.
Nos referimos particularmente a los riesgos legales, que no serán los mismos si se trata de la inversión en un negocio minorista que si involucra la inversión multimillonaria de un gran emprendimiento o de empresas multinacionales que harán negocios a escala global. En estos casos el riesgo surge también de la inestabilidad de los marcos regulatorios, de las leyes de defensa de la competencia y de los consumidores, así como de los regímenes de impuestos y aduaneros.
Ariel Lijo solo se jubilaría en 2043: hablamos de casi 20 años de actuación
A la proverbial incertidumbre macroeconómica, generada por altas tasas de inflación y la consecuente distorsión y volatilidad de los precios relativos, se agrega la incertidumbre jurídica respecto de la protección del derecho de propiedad sobre las inversiones realizadas y las ganancias que se espera obtener de ellas.
En muchos casos la rentabilidad de una inversión dependerá de las sentencias de distintas instancias judiciales, e incluso hasta de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, quienes evalúen inversiones en nuestro país considerarán indudablemente también la idoneidad, la integridad y la honestidad de nuestros magistrados.
Lamentablemente la Argentina tiene una larga historia de licuaciones, defaults, confiscaciones, controles de precios y de cambios, alteraciones arbitrarias en el régimen tributario y aduanero, además de una multiplicidad de regulaciones que interfieren en los derechos de propiedad de los inversores. El Gobierno viene realizando un esfuerzo extraordinario en pos de eliminar una enorme maraña de regulaciones, pero ese empeño no alcanza para borrar nuestro frondoso prontuario, y el futuro debe proveer las mejores garantías.
La ciudadanía argentina votó en los últimos comicios con la esperanza de que se generara un cambio económico y también moral. Sin jueces íntegros e independientes, ese cambio no estará garantizado, por más esfuerzos que se hagan desde el Gobierno para estabilizar la economía.
Cada uno de estos antecedentes y la suma de todos ellos impactan en los posibles riesgos de las inversiones, con más razón si se trata de capitales de gran magnitud que deben ser “hundidos” y cuyas tasas de rentabilidad y repago se calculan no ya en años, sino en décadas. A más riesgo, mayor será la tasa de retorno exigida por los proyectos, con dos posibles resultados: o el inversor recurrirá al “lobby” para pedir privilegios y garantías que lo protejan de esos riesgos o desistirá del proyecto. En un mundo globalizado, cuando se trata de la radicación de megainversiones, nuestro país compite con casi 200 Estados soberanos.
No se puede entonces relativizar la necesidad de contar con jueces íntegros y capaces, además de comprender la complejidad de los factores que inciden en las decisiones de inversión, sobre todo en proyectos de relevancia a largo plazo. Los magistrados tendrán mandatos que excederán los plazos de las autoridades ejecutivas y legislativas, motivo por el cual constituyen para los inversores la principal garantía de protección del derecho de propiedad en caso de que este se vea amenazado por iniciativas de los otros poderes del Estado. Lijo solo se jubilaría en 2043; hablamos de casi 20 años de actuación. Necesitamos una Corte independiente, que haga cumplir las declaraciones, derechos y garantías que nos da la Constitución, debidamente blindada contra cualquier abuso o voluntad de sometimiento que distintas gestiones de gobierno puedan querer imponer, como ya ha ocurrido en el pasado más reciente.
La ciudadanía argentina votó en los últimos comicios con la esperanza de que se generara un cambio económico y también moral. Sin jueces honestos, independientes y probos, ese cambio no estará garantizado, por más esfuerzos que se hagan desde el Gobierno por estabilizar la economía.
Cualesquiera sean los motivos que el presidente Milei haya tenido para postular a Lijo como miembro de la Corte Suprema, deben ser sopesados a partir de estas consideraciones. Bien sabe cualquier economista que se precie que sin inversiones es imposible que la economía crezca y que sin seguridad jurídica nunca llegarán los tan ansiados como necesarios capitales.
