Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés que provenía de una familia judía, fue procesado y condenado injustamente por traición a la patria en 1895. Su causa se constituyó en un símbolo universal de discriminación, de la tragedia de los errores judiciales y de la lucha por la verdad ante los poderes del Estado. El ilegal hostigamiento que desde hace años viene sufriendo en nuestro país el doctor Jaime Smart, acusado falsamente de delitos cometidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los años 70, se ha constituido en un caso paradigmático de persecución ideológica e ilegalidad, similar al de Dreyfus.
Jaime Smart fue el único civil condenado a prisión perpetua
Smart, de 91 años, exjuez de la Cámara Federal en lo Penal que procesara y condenara a numerosos miembros de Montoneros, ERP y otras organizaciones terroristas, fue designado ministro de Gobierno por el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires en 1976, con la expresa prohibición del manejo de la fuerza policial en el combate contra la subversión, quedando para tales fines a disposición y bajo el mando exclusivo del Primer Cuerpo de Ejército. Así lo establecieron tanto normas del anterior gobierno constitucional como de la Junta Militar que había asumido el gobierno del país. Llevado a juicio y detenido en 2008, Smart fue condenado en un fallo absurdo que lo consideró partícipe necesario de desapariciones y torturas en una dependencia policial solo porque el ministerio a su cargo habría tenido entre sus funciones -según dijeron- la provisión de recursos materiales a la Policía provincial. En 2012 le revocarían la detención domiciliaria y lo enviarían al penal de Marcos Paz.
La defensa del terrorismo de la izquierda revolucionaria sigue viva y es encarnada por algunos jueces y varias organizaciones que dicen velar por los derechos humanos
Respecto del caso de Smart, es necesario destacar que tanto la causa 13/84 como la 44/85 -ésta última seguida exclusivamente contra la Policía bonaerense- dejaron probado y declararon la sujeción operacional de la Policía al Primer Cuerpo de Ejército en lo que respecta a la lucha antisubversiva. El propio general en actividad a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires condenado en ese proceso, expresamente desligó a las autoridades políticas provinciales de las actividades antisubversivas tanto en ese juicio como en numerosas declaraciones públicas que hiciera luego en libertad. Todos los procesos que se le siguieron y siguen a Smart tienen una particularidad: no existe un solo testigo ni un solo comportamiento del exministro que pueda ser relacionado con los hechos que se investigan en cada una de esas causas.
Pese a toda esta evidencia, luego de esa descabellada primera condena firmada por tres jueces que soportaban graves acusaciones por su desempeño antes de lavar su imagen a través de la severidad mostrada en los juicios de lesa humanidad, se le formaron a Smart -como parte de esta inhumana persecución- procesos por cada unidad policial de la fuerza que estuvo sujeta normativamente al Primer Cuerpo de Ejército. Y con los mismos absurdos fundamentos fue una y otra vez condenado a cadena perpetua, sin que se le pudiera agregar un solo día más de prisión a la impuesta en la primer condena. Smart asistió simultáneamente a cuatro debates orales en los que estaba acusado y soportó otros diez procesos en espera, en forma contraria a los más elementales principios que rigen al derecho penal y sus garantías.
Hay otros casos Dreyfus de los que nos hemos ocupado en esta columna, mediante los cuales se envía un siniestro mensaje en estos juicios de lesa humanidad a los actuales efectivos cuando se condena severamente o inclusive se inventan causas contra las más bajas jerarquías de las fuerzas armadas y policiales que actuaron hace cincuenta años en la lucha librada contra la agresión de las organizaciones terroristas. El paradigmático caso del exjuez Jaime Smart es otro mensaje no menos aciago: la defensa del terrorismo de la izquierda revolucionaria sigue viva y es encarnada por algunos jueces y varias organizaciones que dicen velar por los derechos humanos.
