Por Gabriel Di Nicola publicado en www.lanacion.com.ar
La investigación comenzó después del secuestro de 303 kilos de droga, cargamento valuado en 4000 millones de pesos
Manejaba una camioneta Volkswagen Amarok a toda velocidad. A la altura del kilómetro 170 de la ruta provincial 5, en General Pizarro, en el departamento salteño de Anta, se cruzó con un control de personal de la Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad que él integraba con el rango de cabo. En un primer momento, no se detuvo. A los pocos metros, frenó y bajó las ventanillas de la 4x4. Los gendarmes del Escuadrón 45 se acercaron y, en el asiento de atrás, observaron un uniforme. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que su camarada llevaba como carga: cajas de cartón con paquetes tipo “ladrillo”, con 303 kilos de cocaína, un cargamento valuado en 4000 millones de pesos.
Era el 19 de mayo pasado y el cabo Diego Delgado, quien hasta ese momento prestaba servicio en el Destacamento Móvil N°1 de Campo de Mayo, quedaba detenido. Era el inicio de una investigación que en los últimos días tuvo novedades con la detención de dos comerciantes radicados en Posadas, en Misiones, y el secuestro de tres vehículos de alta gama, más de 20 teléfonos celulares, nueve computadoras, armas, más de 16.000.000 de pesos, 1.800.000 guaraníes, 1709 reales y 6000 dólares.
Tras un pedido del fiscal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal Julio Bavio dictó la prisión preventiva de los dos comerciantes detenidos en Misiones, identificados por fuentes judiciales como Jonathan Ostapowicz y Richar Ariel Delgado, y levantó el secreto bancario y bursátil de los dos imputados.
Además, hubo allanamientos en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta; en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, y en la provincia de Buenos Aires.
“Por sus características y pedido expreso del fiscal Toranzos, el caso fue declarado de carácter complejo, ya que la mayoría de los acusados tienen vinculación directa con Gendarmería Nacional, dos de ellos estaba en actividad cuando fueron detenidos, en tanto, que otros dos habían sido dados de baja y un quinto estaba por ingresar a esa fuerza”, explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
La investigación, que comenzó en mayo pasado con la detención del cabo Delgado y el secuestro del cargamento de 303 kilos de cocaína, puso al descubierto a una organización narcocriminal que viajaba a Salta para buscar cocaína y trasladarla a Buenos Aires.
“A partir de este procedimiento [la detención del cabo de la Gendarmería Nacional], y el secuestro del teléfono del imputado, se inició una investigación que dejó al descubierto un complejo entramado de maniobras ilícitas”, afirmó el fiscal Toranzos en la audiencia donde pidió la prisión preventiva de los últimos detenidos y continuar la investigación sobre otros sospechosos.
Cinco meses después del primer arresto, el avance de la investigación derivó en la detención de otro gendarme en actividad, identificado por fuentes judiciales como Federico Batista, quien también prestaba servicio en Campo de Mayo.
“Según lo investigado, se pudo establecer que Batista, pese a estar de turno, se había ausentado de sus funciones para abordar un vuelo hacia Posadas, donde recibió la camioneta una Volkswagen Amarok de manos de Ostapowicz, con el mandato de llevar el vehículo a Delgado, quien utilizó para dirigirse a Orán, cargar la droga y regresar a Buenos Aires”, explicaron fuentes judiciales.
A fines de octubre pasado, los investigadores lograron interceptar otro cargamento de cocaína. En Rosario de la Frontera, en Salta, se secuestraron 31 kilos de droga. En esa oportunidad se detuvo a un sospechoso, identificado como Adrián Escarlata, quien había prestado servicio en la Gendarmería Nacional, pero había sido dado de baja tiempo atrás.
“El transporte de la droga, que iba oculta en el interior de una rueda de auxilio, se hizo bajo la modalidad de convoy, con dos camionetas. En una Volkswagen Amarok iban Escarlata y su pareja, con el cargamento de cocaína. En una Toyota, que hacía las veces de vehículo puntero, viajaban otros dos sospechosos”, explicó en la citada audiencia el fiscal Toranzos.
El representante del Ministerio Público no dejó pasar por alto que Escarlata intentó destruir su teléfono celular para evitar que sea secuestrado. El análisis del contenido recuperado del móvil del sospechoso fue clave para el avance de la investigación.
“Se pudo recuperar una importante información que incriminaba a Escarlata y al resto de los imputados”, sostuvieron fuentes con acceso al expediente.
A partir de los datos recuperados del teléfono celular de Escarlata se determinó que la organización narcocriminal tenía un grupo de WhatsApp llamado Los Peluches, donde “interactuaban sobre detalles de las actividades ilícitas que llevaban adelante”.
Los investigadores, según explicó ante el juez Bavio el fiscal Toranzos, recuperaron audios donde Escarlata “enseñaba como embutir la droga en los vehículos, incluso en uno de ellos sugirió como algo novedoso utilizar parte del respaldar de los asientos para ocultar los paquetes de estupefacientes”.
Toranzos también afirmó que en Los Peluches se impartían instrucciones respecto a cómo actuar ante los controles de Gendarmería Nacional. “Explicaban los protocolos internos impartidos al personal de esa fuerza, con lo cual ponían a los implicados en una posición ventajosa”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
En uno de los chats, otros de los imputados alertó sobre la instalación de un nuevo puesto de control fijo de la Gendarmería Nacional en Joaquín V. González, “con el cual se vería reforzada la presencia de esa fuerza en el sur de Salta”, dijo Toranzos.
Otro de los imputados, Richar Delgado, también formó parte de la Gendarmería Nacional -como oficial, con el grado inicial de alférez- hasta que fue dado de baja después de ser descubierto cuando transportaba una importante cantidad de dólares en su vehículo, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Sobre los dos sospechosos detenidos la semana pasada en Posadas, al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Toranzos afirmó que “ambos acusados están siendo investigados en otras causas por maniobras de lavado de activo en Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, lo que da cuenta de la magnitud de esta organización y el entramado creado, tanto para mantenerse en la impunidad como para acumular las ganancias millonarias obtenidas por los transportes de estupefacientes”.
El fiscal Toranzos tuvo la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco; la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias; el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Federal Hurlingham, y el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo.
