POR AGUSTÍN DE BEITIA publicado en www.laprensa.com.ar
El habeas corpus presentado hace dos semanas en favor de militares ya ancianos que son retenidos en unidades carcelarias dejó al descubierto el agravamiento de sus condiciones de detención por motivos que no son legales, lo que puso bajo la lupa la controvertida actuación del fuero federal.
El habeas corpus “correctivo y colectivo”, introducido por doce organizaciones que impulsan la verdad completa sobre lo sucedido en los setenta, entre ellas la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, fue presentado en la Justicia nacional.
El recurso busca un regreso a la legalidad, vulnerada hoy por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional, y que obliga a los jueces a buscar alternativas a la prisión para los internos mayores de 65 años.
Esa norma viene siendo ignorada por la Justicia federal cuando se trata de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y del Servicio Penitenciario, sacerdotes y civiles que tienen más de 70 y hasta 86 años.
El habeas corpus recayó por sorteo en el juzgado de instrucción 27 de la Justicia nacional, a cargo del juez Martín Yadarola, quien lo rechazó “in limine”. Pero la Cámara del Crimen, con la firma de Rodolfo Puciello Argerich y Magdalena Laíño, revocó la decisión, y le ordenó al juez que investigue la denuncia y que celebre una audiencia, en la que deben comparecer el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Oficial y el Servicio Penitenciario Federal.
El juez pidió en los últimos días informes a todos los tribunales federales de los cuales dependen los casi 90 detenidos en cuestión para conocer la edad y los padecimientos que presentan, y se encuentra examinando la situación. La audiencia fue programada para este jueves a las 10 de la mañana.
El resultado preliminar de la investigación es que, por primera vez, todos los juzgados están rindiendo cuentas por estos días sobre la situación de sus detenidos.
Los informes que van llegando dejan al descubierto no sólo el incumplimiento de la ley sino también la crueldad de los tribunales, que tienen a su cargo ancianos con demencia senil, afecciones cardíacas o incontinencia urinaria, y a otros que acarrean una colostomía o padecen cáncer, y los han retenido igual en cárceles que no están en condiciones de garantizar su vida y su salud, según los abogados.
Ya hubo fallecimientos, infartos y ACV socorridos por otros internos, según los letrados, que insisten en que la primera ilegalidad es mantenerlos en unidades carcelarias, cuando por sus edades deberían estar -cuanto menos- detenidos en sus domicilios, independientemente de sus dolencias.
En su recurso, los integrantes de Justicia y Concordia objetan el “comportamiento omisivo” de la Justifica federal, que es “generalizado en este fuero”, cuando se trata de atender estos reclamos.
La Justicia federal está sospechada desde hace tiempo de mantener un trato asimétrico entre estos internos y todos los demás, violando el principio de igualdad ante la ley.
A lo largo de los años hubo no sólo denuncias de vicios procesales, arbitrariedades judiciales y prevaricato, sino también pedidos de juicio político e incluso denuncias penales, siempre desestimadas, mientras se siguen acumulando las sentencias condenatorias en estas causas en un porcentaje inusualmente alto para un país que sólo lleva a condena el 2,9% de los delitos denunciados.
La suspicacia que despierta esa desproporción crece cuando se sabe que a dichas condenas se llega también por el testimonio de personas que van a declarar treinta o cuarenta años después de los hechos, y que luego de testificar son habilitados para pedir un certificado que les permite reclamar una indemnización millonaria.
