Carta de lectores publicada en www.lanacion.com.ar
El caso de violencia de género sufrido por la señora Fabiola Yañez ha corrido de los medios el triste destino del chiquito Loan. Una vez más vivimos en nuestro país estos tristes e inconcebibles ejemplos.
Como víctima de este accionar violento de parte del Estado argentino me siento obligada a hablar por todos aquellos que lo hemos sufrido y por quienes nadie, y menos aún la mayor parte de los medios, se han preocupado. Es por eso que me veo en la necesidad de describir nuestro caso. En 2014, estando mi esposo en ilegal juicio por haber luchado contra el terrorismo en los 70, comenzamos a recibir amenazas por parte de representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, sin sospechar que se iniciaría una persecución cruel y peligrosa, acusándonos de apropiación de niños. Denunciamos lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía Penal Federal, agregando al expediente episodios cada vez más violentos como persecución en la calle, hostigamiento, empujones , insultos y amenazas. Durante varios días una camioneta negra permaneció estacionada en la puerta del edificio. En una oportunidad bajaron de ella dos hombres que le hicieron al encargado preguntas sobre mí y amenazándolo de que no contara esto. Luego de declararse incompetente la Fiscalía derivó nuestro caso a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Garavano, quien nos adjudicó un botón antipánico que nos salvó de varias situaciones de violencia y temor. En un momento dado me avisan que una patrulla de la Prefectura, con siete integrantes munidos de una barreta y chalecos antibala, estaban prestos a abrir la puerta de mi domicilio. En ese momento llegó una vecina, hermana de una víctima asesinada por el ERP, quien los indujo a esperarme. Llegué y les abrí la puerta, lo que dio comienzo a una batalla campal. Me comuniqué con una abogada conocida, quien arribó inmediatamente. El operativo estaba a cargo del prefecto Diego Fiorotto, director de Delitos Complejos. Se encontraban entre la “patota” dos integrantes del Banco de Datos. Nos negamos a sacarnos sangre, tras lo cual se inició una brutal requisa. Nos encerraron a la abogada en la cocina y a mí en el living. A mi hija menor, en el escritorio, el prefecto Fiorotto le ordenó sacarse la ropa interior en su presencia, como así también la del agente de Protección a la Víctima y los del Banco de Datos. Ella empezó a gritar, llamamos a la Policía Federal, que arribó y procedió a identificar a los allanantes. Luego de 5 horas de este suplicio tomaron los cepillos de dientes como prueba. Resultado final del análisis: somos los padres biológicos de la víctima.
Pero no conformes empezaron a ir a sus antiguos y actuales trabajos, preguntando por ella en forma descalificante. En septiembre nos citó a audiencia el juez Lijo con la supuesta intención de conversar con mi hija. El juez la llamó a su despacho junto a su abogada. La Policía Aeroportuaria flanqueó por dentro la puerta y el juez en forma sorpresiva e improcedente le ordenó sacarse una muestra de sangre, haciendo ingresar a modo de una trampa al personal del Banco de Datos Genéticos. Sumamente alterada mi hija reaccionó quitándose la ropa interior y procedió a arrojársela a Lijo, saliendo desnuda del despacho de un juez de la Nación.
A 10 años de estos hechos, más cinco cotejos de pruebas de ADN que confirman que somos familia, no está cerrada la causa. Por razones de brevedad he sintetizado lo vivido en esos atormentados meses por disposición de un juez federal.
¿Dónde está la entidad de protección a la víctima? ¿Dónde está la entidad de protección por violencia de género de parte del Estado? ¿O ser un funcionario judicial lo redime de culpa y responsabilidad? ¿Hasta cuándo?
Ana Delia Magi
DNI 6.065.085
