Carta de lectores publicada en www.lanacion.com.ar
La prisión de militares y policías por enfrentar en los 70 a cuadros subversivos muy bien armados es un escándalo judicial cuando las bajas propias y los testimonios de terceros muestran la resistencia del enemigo, fácilmente diferenciable de los casos de ejecuciones disfrazadas, en que no había bajas propias, ocurrían en despoblado y sin testigos.
Desde que llegaron los Kirchner al poder, el personal que intervino en los verdaderos enfrentamientos fue encarcelado por jueces a quienes les bastó que hubiera terroristas abatidos, negando el derecho estatal de reprimir al terrorismo; pretendiendo que, descubierta una guarida o acción subversiva, las fuerzas legales se retirasen sin actuar; con la consecuente disolución social y la condena de los “nuestros” para que los terroristas victimizados accedieran a cuantiosas indemnizaciones, con la hipocresía de justificar el actuar terrorista con el falso uso de la legítima defensa o del derecho a resistirse, como si las armas fueran de su monopolio. La guerra es de dos, pero esos jueces participan de la falaz teoría de “un solo demonio”, el militar, responsable de un supuesto genocidio como el de los judíos, los armenios o la tribu tutsi de Ruanda.
El caso del Batallón de Comunicaciones de City Bell es un paradigma: el 6 de septiembre de 1977 sus efectivos, en control e identificación de la población en el partido de Berazategui, al tocar el timbre de una vivienda, fueron respondidos con granadas de guerra y disparos que mataron al conscripto Barbusano e hirieron a su compañero García. Un matrimonio montonero falleció en el enfrentamiento. En la causa Nº 34000243/2011 del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, fueron detenidos los tenientes Fleba y Lucero, liberados por el juez Recondo porque habían actuado legítimamente. La apelación del fiscal permitió que los jueces Vallefín y Pacilio, de la Cámara Federal de La Plata, dispusieran sus detenciones, sosteniendo que los montoneros, que habían iniciado el enfrentamiento, tenían derecho de resistirse. Este escándalo fue confirmado por los jueces de Casación Borinsky, Ledesma y Carbajo y los ya viejos tenientes siguen esperando en prisión que la Corte Suprema ponga fin a semejante injusticia, suerte que seguramente habría seguido el soldado conscripto Barbusano si no lo hubieran matado arteramente los terroristas.
Enrique Munilla
DNI 4.433.538