Redacción de Clarín (DS) publicado por www.clarin.com
Se trata de un contrato del fondo destinado a soluciones socio-urbanas en el que tenía fuerte injerencia Juan Grabois, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Es por el desvío de 20 millones de dólares a la empresa estatal, un astillero naval en Defensa, que hizo pérgolas y refugios de transporte.
La Fundación Apolo, vinculada al partido Republicanos Unidos, denunció este miércoles a los exministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Defensa, Jorge Taiana, por manejo irregular de fondos públicos. Sostienen que derivaron fondos del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), vinculado a Juan Grabois, para que Tandanor, un astillero naval estatal, realice pérgolas y paradas de colectivos.
La denuncia pone el foco en la contratación de Tandanor, empresa pública naval, que fue involucrada por el FISU para la realización de obras de integración socio urbana. "Habrían sido ejecutadas de manera irregular y sin cumplir con los términos establecidos”, sostienen desde Apolo.
Entre los denunciados figuran: Fernanda Miño, ex-secretaria de Integración Socio Urbana y presidenta del FISU; los ex ministros de Alberto Fernández Tolosa Paz y Taiana; además de los miembros de los directorios de BICE Fideicomisos S.A.; de Tandanor; del Comité Ejecutivo del FISU y de la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Victoria Tolosa Paz y Juan Grabois, denunciados por irregularidades en el FISUVictoria Tolosa Paz y Juan Grabois, denunciados por irregularidades en el FISU
La presentación judicial se fundamenta en la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 173 incs. 7 y 12, 248, 249, 260, 261 y 265 del Código Penal, relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
La presentación judicial lleva las firmas del legislador porteño Yamil Santoro; del líder del equipo legal de la fundación, José Magioncalda; y del abogado Juan Martín Fazio.
Desde la fundación subrayaron que el FISU se conformó con más de 30 millones de dólares para proveer infraestructura urbana (paradas de colectivos, bicicleteros, etc) en barrios irregulares.
“Pero sus administradores contrataron su producción con la empresa pública Tandanor, cuyo objeto exclusivo son actividades de la industria naval. El contrato fue rescindido antes de su cumplimiento, no obstante haberse erogado 20 millones de dólares”, expresaron desde Apolo.
Y concluyeron: “Una enorme cantidad de los bienes producidos fue retirado por el FISU e instalado en los barrios objetivo, no obstante el rol asignado a representantes de los barrios en la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares”.
En la denuncia, a la que accedió Clarín, se subraya que "el objeto de Tandanor dista de las actividades convenidas con el Fideicomiso F.I.S.U., ya que de acuerdo con la Ley 18.544 se le asignaron 'todas las actividades de la industria naval en general y las conexas o que tengan relación con dicha industria'".
"De tal modo, aparece evidente una actuación que excede el objeto social de Tandanor, cuyos administradores debieron custodiar. Aparece, asimismo, una actuación ilegítima del Fiduciario del F.I.S.U., la inacción de los miembros del Comité Ejecutivo del F.I.S.U. que debieron supervisar las actividades, y de las jerarquías de los Ministerios de Desarrollo Social y Defensa con control jerárquico", completa el texto.
Quien había hecho mención a este aparente desvío de fondos el pasado viernes fue el ministro de Defensa, Luis Petri, en el marco de la entrega de cinco tanques TAM 2C AC modernizados en forma completa al Regimiento de Caballería de Tanques 8 ubicado en Magdalena, Buenos Aires.
Petri reveló que Tandanor "había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana, se había pagado más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares".
Pero ese contrato "llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, con la construcción de buques, no tenía que ver con remolcadores, no tenía que ver con el ARA Parker en donde se pagaron 8 millones de dólares, no tenía que ver con el ARA Petrel, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5250 bicicleteros" para municipios del Gran Buenos Aires.