Qué es el control civil de las Fuerzas Armadas o, como preferimos llamarlo, la conducción política de la defensa? Se trata, simplemente, de que las decisiones tomadas sobre defensa por las autoridades electas y sus designados en Defensa sean cumplidas por todos los órganos del sector defensa, incluyendo las Fuerzas Armadas, tal como debe suceder en cualquier otra área del Estado.
¿Pero no estamos hablando de algo obvio? No, y menos aún en Latinoamérica.
En diversas oportunidades de su historia, pero especialmente durante la Guerra Fría, Latinoamérica vivió una continua inestabilidad política causada por los golpes de Estado. Durante dicha época, todos los países latinoamericanos, con las excepciones de México, Colombia y Venezuela (y Costa Rica, por carecer de Fuerzas Armadas) tuvieron en diversas etapas gobiernos militares.
Hoy esa etapa parece lejana. Pero, sin llegar a producirse golpes de Estado, en diversos países latinoamericanos (lo acabamos de ver en Bolivia), las Fuerzas Armadas actúan con virtual autonomía y constituyen “factores de poder” con cuya aquiescencia es preciso contar para lograr gobernabilidad. Controlan la seguridad interior y la actividad de inteligencia, así como importantes sectores económicos, bajo el rótulo de “cooperación con el desarrollo”.
El control civil continúa constituyendo un verdadero desafío en Latinoamérica, región en la cual las Fuerzas Armadas continúan siendo actores políticos en la mayoría de los países.
No obstante, Argentina, Chile -y en menor grado Uruguay- ofrecen un cuadro distinto. En esos países, es posible afirmar que la conducción política de la defensa está en plena vigencia. Ello no sucedió en Argentina por casualidad, sino porque un conjunto de políticos, legisladores y estudiosos, con el apoyo de la sociedad, se dedicó a cambiar las estructuras doctrinarias, legales, reglamentarias, militares, policiales y de inteligencia que hacían inevitable la reiteración de los gobiernos autoritarios.
Por ejemplo, al 10 de diciembre de 1983, fecha en que asumió Raúl Alfonsín, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina tenían conducción militar y dependían respectivamente de los Comandos en Jefe del Ejército y de la Armada, la Policía Aeronáutica Nacional integraba la Fuerza Aérea argentina; la SIDE y la CNI (inteligencia) tenían conducción militar, como también la tenía el Servicio Penitenciario Federal. Todo ello así sucedía, porque lo establecían las leyes de la época. También la Policía Federal Argentina y la generalidad de las policías provinciales tenían conducción militar.
La función militar, al amparo de los conceptos de seguridad nacional y de defensa virtualmente ilimitados contenidos en la Ley 16970, abarcaba no sólo la defensa nacional y la seguridad interior, unificados, sino el control de importantes sectores de la política nacional y en el pleno económico, de empresas de siderurgia, petroquímica, minería, etc. que comprendían un porcentaje significativo del PBI de la época.
En esas condiciones, hallándose la seguridad interior y la actividad de inteligencia bajo conducción militar, el control del orden público y el conocimiento anticipado de las causas que podían afectarlo, o incluso la producción de tales causas, estaban en manos militares.
Un conjunto de leyes, sancionadas con amplio consenso político -Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior, Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, Ley de Inteligencia Nacional- cambiaron fundamentalmente esa situación. Hay aspectos pendientes.
Un concepto ilimitado de la defensa fue cambiado por la preparación y eventual respuesta a las agresiones externas de naturaleza militar, estableciéndose una moderna estructura de defensa y fortaleciéndose un sistema de seguridad interior capaz de responder a las amenazas criminales con medios aptos para ese ámbito, lográndose un adecuado equilibrio que preserva los derechos individuales y evita la violencia indiscriminada vigente en otros países de la región.
También en Chile, la paciente labor realizada por sucesivos gobiernos de la Concertación, logró importantes avances en control civil. Con mayores limitaciones, en Uruguay, se avanzó en el mismo sentido. Volviendo al caso argentino, el país tiene una situación adecuada en materia de relaciones civiles-militares, aunque continúa teniendo el desafío de formular e implementar una adecuada política de defensa.
Mucho es también lo que han contribuido las Fuerzas Armadas para el logro de la buena situación aludida. Pero esa situación a que hemos aludido no es algo dado o inmodificable. Errores u omisiones pueden llevar a la pérdida de esa situación. Mantener esa herencia positiva -fundamental para la vigencia y fortalecimiento del sistema democrático- es responsabilidad de todos los gobiernos y de toda la sociedad
